GERMAN ALVAREZ CUBERO - Perfil - 205160XXX

Perfil de GERMAN ALVAREZ CUBERO - 205160XXX

Cédula de Identidad 205160XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se define legalmente el término "cómplice" en Costa Rica?

En Costa Rica, el término "cómplice" se define como aquella persona que, de manera deliberada y voluntaria, coopera o participa en la comisión de un delito junto con el autor principal o los coautores. Un cómplice actúa con el conocimiento y la intención de facilitar, promover o contribuir de alguna manera al delito, ya sea proporcionando apoyo logístico, información, medios, o de cualquier otra manera que favorezca la comisión del delito. La complicidad es una figura importante en la legislación penal y puede tener implicaciones legales significativas.

¿Cómo se aborda legalmente la verificación de antecedentes en el ámbito de la tecnología y ciberseguridad en Costa Rica?

La verificación de antecedentes en el ámbito de la tecnología y ciberseguridad en Costa Rica está regulada por la Ley de Protección al Trabajador y la legislación relacionada con la privacidad de datos. Los profesionales en este campo pueden ser sometidos a verificaciones especiales para garantizar su idoneidad y confiabilidad en el manejo de información sensible. Las empresas deben obtener el consentimiento de los empleados para realizar estas verificaciones y garantizar que la información recopilada se utilice de manera ética y legal. El respeto a la privacidad y la seguridad de la información son aspectos cruciales en este proceso.

¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a los contratos de arriendo en Costa Rica, y cuáles son las medidas tomadas por el gobierno para mitigar los impactos económicos en arrendadores y arrendatarios?

La pandemia de COVID-19 ha afectado los contratos de arriendo en Costa Rica, generando desafíos económicos para arrendadores y arrendatarios. El gobierno ha implementado medidas como la suspensión temporal de desahucios y la facilitación de acuerdos de pago para aliviar la carga financiera de los afectados. Estas medidas buscan equilibrar la protección de los derechos de los arrendatarios con la necesidad de brindar apoyo a los arrendadores afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.

¿Cómo se incorporan consideraciones éticas y de responsabilidad social empresarial en la legislación de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para contratistas que no cumplen con estos principios?

Las consideraciones éticas y de responsabilidad social empresarial se incorporan en la legislación de contratación pública en Costa Rica como parte de los criterios de evaluación de propuestas. Los contratistas que no cumplen con estos principios pueden enfrentar sanciones que van desde la pérdida de puntos en la evaluación hasta la exclusión de los procesos de contratación. Esto refleja el compromiso de promover prácticas empresariales éticas y socialmente responsables en el contexto de la contratación pública.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las mujeres expuestas políticamente en Costa Rica?

Las mujeres expuestas políticamente en Costa Rica enfrentan desafíos específicos relacionados con el sexismo arraigado, la subrepresentación en cargos de liderazgo, la presión para equilibrar la vida política y familiar, y la amenaza de violencia de género. La discriminación basada en estereotipos de género y la falta de representación significativa dificultan su avance. La conciliación entre responsabilidades familiares y políticas añade presión, mientras que la violencia de género amenaza su seguridad. Superar estos desafíos requiere medidas que promuevan la igualdad de género, la eliminación de estereotipos y la creación de entornos seguros y equitativos.

¿Cuál es el marco jurídico en Costa Rica para la verificación en listas de riesgo?

En Costa Rica, la principal normativa que rige la verificación en listas de riesgo se encuentra en la Ley 7786 sobre Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Esta ley establece los procedimientos y requisitos para la identificación y gestión de personas o entidades en listas de riesgo.

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