GIANFRANCO AMAYA ARROYO - Perfil - 117400XXX

Perfil de GIANFRANCO AMAYA ARROYO - 117400XXX

Cédula de Identidad 117400XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Los desafíos de seguridad para las personas expuestas políticamente en Costa Rica incluyen amenazas físicas, cibernéticas y la necesidad de protección frente a grupos delictivos. La seguridad personal se ha vuelto una preocupación constante, y la implementación de medidas preventivas es esencial para salvaguardar tanto la integridad física como la estabilidad del sistema democrático.

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La legislación costarricense se ha adaptado a las tendencias actuales mediante reformas que promueven la igualdad de género y la diversidad en la selección de personal.

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La complicidad en Costa Rica se define como la participación intencional y consciente de una persona en la comisión de un delito junto con el autor principal.

¿Cuál es el proceso para solicitar un acuerdo de pago o fraccionamiento de deudas fiscales en Costa Rica?

Los contribuyentes que enfrentan deudas fiscales en Costa Rica pueden solicitar un acuerdo de pago o fraccionamiento a la DGTD. El proceso involucra presentar una solicitud formal, proporcionar información financiera y proponer un plan de pago. La DGTD evalúa la solicitud y puede aprobar un acuerdo si considera que es viable. Los contribuyentes deben cumplir estrictamente con los términos del acuerdo para evitar sanciones adicionales.

¿Cómo se manejan las relaciones comerciales con personas políticamente expuestas (PEP) en Costa Rica en el marco de la debida diligencia?

Las relaciones comerciales con PEP se consideran de alto riesgo en Costa Rica debido a su posición política o gubernamental. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia reforzada. Esto implica una evaluación más exhaustiva de la relación, la identificación de los beneficiarios efectivos y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) si se detecta alguna actividad inusual. La entidad debe mantener registros detallados y monitorear de cerca estas relaciones para prevenir el lavado de activos.

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El embargo en Costa Rica puede afectar a los pequeños agricultores y productores locales al limitar su acceso a mercados internacionales. Esto puede tener consecuencias directas en la seguridad alimentaria y en la economía de las comunidades rurales.

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