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¿Cuáles son las sanciones por desobediencia a una orden judicial en Costa Rica?
La desobediencia a una orden judicial en Costa Rica puede resultar en sanciones legales. Estas sanciones pueden incluir multas, arresto o incluso la imposición de medidas más restrictivas. El incumplimiento de una orden judicial socava la autoridad del sistema legal y puede dar lugar a consecuencias graves para la parte que desobedece. Es importante respetar y cumplir las órdenes judiciales para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de justicia.
¿Cómo afecta la globalización a la política interna de Costa Rica?
La globalización impacta en la política interna de Costa Rica al influir en cuestiones como el comercio internacional, la movilidad laboral y los desafíos económicos. Las políticas deben adaptarse para aprovechar las oportunidades globales mientras se mitigan los posibles impactos negativos en la sociedad y la economía.
¿Cómo se castiga el delito de abuso sexual infantil en Costa Rica?
El abuso sexual infantil en Costa Rica puede ser castigado con penas que van desde los 6 hasta los 18 años de prisión, dependiendo del caso.
¿Qué protecciones legales existen para el comprador en un contrato de venta en Costa Rica si el bien resulta defectuoso?
Si el bien resulta defectuoso en un contrato de venta en Costa Rica, el comprador tiene derecho a reclamar al vendedor y buscar reparación, reemplazo o una rebaja en el precio, dependiendo de la gravedad del defecto.
¿Cómo puede el KYC influir en la adquisición y protección de arte religioso en Costa Rica, considerando su valor cultural y artístico?
El KYC juega un papel esencial en la adquisición de arte religioso al garantizar la legitimidad de las transacciones, protegiendo así el patrimonio cultural y artístico de Costa Rica y promoviendo su preservación a lo largo del tiempo.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en relación con los antecedentes fiscales en Costa Rica?
La Procuraduría General de la República de Costa Rica tiene un papel importante en la gestión de los antecedentes fiscales en casos en los que el Estado es parte en controversias fiscales. Representa al Estado en procedimientos legales relacionados con asuntos fiscales y puede intervenir en casos de cobro de deudas fiscales a través de acciones legales.
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