GISSELLE TREJOS GRANADOS - Perfil - 303110XXX

Perfil de GISSELLE TREJOS GRANADOS - 303110XXX

Cédula de Identidad 303110XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es la legislación en Costa Rica que regula la validación de identidad?

En Costa Rica, la validación de identidad está regulada por varias leyes y reglamentos. La principal ley que aborda este tema es la "Ley de Identificación de Personas Físicas" (Ley No. 9485), que establece el sistema de identificación y cedulación en el país. Además, la "Ley de Notariado" y la "Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo" también contienen disposiciones relacionadas con la validación de identidad en contextos específicos. En general, estas leyes establecen los procedimientos y requisitos para verificar la identidad de las personas en diversas transacciones y actividades legales.

¿Cómo se clasifican y almacenan los antecedentes judiciales en Costa Rica?

Los antecedentes judiciales en Costa Rica se clasifican en categorías como antecedentes penales, policiales y judiciales en general. Estos registros se almacenan de manera centralizada bajo la supervisión del Poder Judicial. La información es gestionada de manera electrónica, permitiendo un acceso eficiente y seguro a los registros. El sistema de clasificación y almacenamiento garantiza la confidencialidad y la integridad de la información, asegurando que solo las personas autorizadas tengan acceso a los antecedentes judiciales de manera controlada y respetando las disposiciones legales sobre protección de datos.

¿Cuáles son las disposiciones legales en Costa Rica que rigen la recopilación y manejo de antecedentes judiciales, y cómo se garantiza la conformidad con estas normativas?

La recopilación y manejo de antecedentes judiciales en Costa Rica se rige principalmente por la Ley de Antecedentes Judiciales (Ley No. 4573). Esta legislación establece los procedimientos para la recopilación, almacenamiento y acceso a la información judicial. Además, la Constitución Política y el Código Procesal Penal contienen disposiciones relevantes. La garantía de conformidad con estas normativas se logra mediante auditorías regulares, revisiones internas y el compromiso de las instituciones judiciales para mantener altos estándares éticos y legales en el manejo de la información judicial en Costa Rica.

¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de transporte público en Costa Rica?

El sector de transporte público en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en actividades de transporte público y la presentación de informes de transacciones sospechosas.

¿Cómo se promueve éticamente la inclusión de los costarricenses en España en actividades culturales y comunitarias?

La promoción ética de la inclusión de los costarricenses en España en actividades culturales y comunitarias se logra mediante políticas que fomentan la participación y valoración de la diversidad. La legislación busca una ética de la integración, promoviendo eventos y programas que celebren la cultura costarricense y faciliten la participación activa de los migrantes en la sociedad española. Se busca construir un entorno ético que promueva la conexión entre comunidades y que respete y valore las diferentes tradiciones y perspectivas.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la aplicación de sanciones en casos de sobreprecios y prácticas fraudulentas por parte de contratistas en proyectos públicos en Costa Rica?

Las disposiciones legales en Costa Rica establecen medidas específicas para sancionar casos de sobreprecios y prácticas fraudulentas por parte de contratistas en proyectos públicos. La Ley de Contratación Administrativa incluye mecanismos para la detección y penalización de sobreprecios, que van desde multas hasta la rescisión del contrato. Estas medidas buscan prevenir el mal uso de fondos públicos y garantizar la transparencia en la contratación pública.

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