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¿Cómo se trata legalmente el delito de violencia de género en Costa Rica?
La violencia de género en Costa Rica se aborda con leyes y medidas específicas, incluyendo órdenes de protección y penas de prisión.
¿Qué tipo de sanciones pueden enfrentar las entidades financieras por no cumplir con el KYC en Costa Rica?
Las entidades financieras que no cumplen con el KYC en Costa Rica pueden enfrentar sanciones que incluyen multas significativas, revocación de licencias, sanciones administrativas y, en casos graves, acción penal. Estas sanciones son impuestas por las autoridades reguladoras y pueden tener un impacto sustancial en la reputación y la viabilidad de la entidad.
¿Qué trámites son necesarios para obtener una licencia para la venta de productos farmacéuticos en Costa Rica?
Los trámites para obtener una licencia para la venta de productos farmacéuticos en Costa Rica incluyen presentar una solicitud ante la Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, cumplir con los requisitos de almacenamiento y seguridad, y proporcionar la documentación requerida. La entidad evaluará la solicitud y otorgará la licencia si se cumplen los requisitos.
¿Cómo se aborda la complicidad en delitos de tráfico de personas según la legislación costarricense?
La complicidad en delitos de tráfico de personas se aborda de manera específica en la legislación costarricense. La colaboración en actividades de trata de personas puede llevar a sanciones legales significativas, reflejando la gravedad de este delito.
¿Cómo se abordan las transacciones relacionadas con el arte y antigüedades en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las transacciones relacionadas con el arte y antigüedades en Costa Rica están sujetas a regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la compra y venta de estos activos.
¿Qué derechos tienen las personas en Costa Rica en relación con la verificación de sus antecedentes?
En Costa Rica, las personas tienen el derecho de acceder a la información que se mantiene en el registro de personas condenadas y verificar la exactitud de sus propios antecedentes. También tienen el derecho a la privacidad y a ser tratados con igualdad en los procedimientos de verificación de antecedentes. La Ley de Acceso a la Información Pública garantiza el acceso a cierta información gubernamental, incluyendo información sobre antecedentes penales.
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