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¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de telecomunicaciones en Costa Rica?
El sector de telecomunicaciones en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la provisión de servicios de telecomunicaciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuáles son los requisitos para la validación de identidad en la obtención de licencias profesionales en Costa Rica?
La obtención de licencias profesionales en Costa Rica requiere la validación de identidad a través de documentos académicos y otros requisitos establecidos por las entidades reguladoras, asegurando la competencia y ética en el ejercicio de diversas profesiones.
¿Qué es un embargo según la legislación de Costa Rica?
En Costa Rica, un embargo es una medida legal que permite a un acreedor asegurar el pago de una deuda pendiente. Esto se logra tomando posesión de los bienes del deudor para su posterior venta o subasta, con el fin de obtener los fondos necesarios para satisfacer la deuda.
¿Qué información sobre PEP debe ser recopilada y verificada por las instituciones financieras en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben recopilar y verificar información detallada sobre PEP, incluyendo su identidad, posición política, relación con la institución y el propósito de la relación comercial. Esta información es esencial para la debida diligencia y el cumplimiento de las regulaciones.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de empresas de servicios de seguridad en Costa Rica?
Las empresas de servicios de seguridad en Costa Rica deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de clientes y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cómo se abordan los delitos ambientales desde una perspectiva política en Costa Rica?
Costa Rica ha implementado políticas ambientales que incluyen medidas legales y sanciones para abordar los delitos contra el medio ambiente, promoviendo la protección de los recursos naturales y la biodiversidad.
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