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¿Cuál es el papel del Poder Judicial en la persecución de casos de lavado de activos en Costa Rica?
El Poder Judicial tiene la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones y enjuiciamientos de casos relacionados con lavado de activos, asegurando un proceso legal justo y la imposición de sanciones adecuadas.
¿Qué sucede si un deudor alimentario cambia de domicilio en Costa Rica y no informa a las partes involucradas?
Si un deudor alimentario cambia de domicilio en Costa Rica y no informa a las partes involucradas, puede haber consecuencias legales. Se requiere que el deudor proporcione información actualizada sobre su dirección, y la falta de notificación puede dificultar el cumplimiento de la pensión alimentaria y resultar en sanciones.
¿Qué sucede si un deudor alimentario es un extranjero no residente en Costa Rica?
Si un deudor alimentario es un extranjero no residente en Costa Rica, la obligación alimentaria aún se mantiene. Costa Rica puede recurrir a acuerdos internacionales y tratados para buscar la cooperación del país de residencia del deudor y asegurarse de que se cumpla con la obligación alimentaria.
¿Puede el lavado de activos estar relacionado con el financiamiento del terrorismo en Costa Rica?
Sí, el lavado de activos puede estar relacionado con el financiamiento del terrorismo en Costa Rica. La prevención del lavado de activos también contribuye a la detección y prevención del financiamiento del terrorismo.
¿Cómo afecta la verificación de antecedentes a la movilidad social y económica de los ciudadanos costarricenses?
La verificación de antecedentes puede tener un impacto significativo en la movilidad social y económica de los ciudadanos costarricenses. Puede influir en las oportunidades de empleo y en el acceso a servicios financieros, afectando la progresión social y económica de las personas.
¿Cuáles son las consecuencias del lavado de activos en la integridad del sistema legal y judicial de Costa Rica?
El lavado de activos puede minar la integridad del sistema legal y judicial al socavar la confianza en la imparcialidad y eficacia de la justicia. Esto compromete la capacidad del sistema para abordar el crimen y garantizar la equidad.
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