IGNACIO BARBOZA GONZALEZ - Perfil - 207130XXX

Perfil de IGNACIO BARBOZA GONZALEZ - 207130XXX

Cédula de Identidad 207130XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se articulan las políticas gubernamentales en Costa Rica para promover la debida diligencia, y qué medidas se han implementado para incentivar la adopción de prácticas éticas en el ámbito empresarial?

Las políticas gubernamentales en Costa Rica para promover la debida diligencia se articulan a través de la Ley 8204 y otras normativas relacionadas. Se han implementado medidas para incentivar la adopción de prácticas éticas en el ámbito empresarial, como campañas de concientización, beneficios fiscales para empresas que cumplen con estándares éticos y la promoción de programas de capacitación en debida diligencia.

¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes penales en otro país y desea ingresar a Costa Rica?

Si una persona tiene antecedentes penales en otro país y desea ingresar a Costa Rica, las autoridades migratorias costarricenses pueden considerar esta información al evaluar su elegibilidad para ingresar al país. Dependiendo de la gravedad de los antecedentes, pueden aplicarse restricciones o decisiones de admisión específicas.

¿Cuál es la responsabilidad de la Policía Judicial en la investigación y prevención de amenazas contra personas expuestas políticamente en Costa Rica?

En Costa Rica, la Policía Judicial asume una responsabilidad crucial en la investigación y prevención de amenazas dirigidas a personas expuestas políticamente. Su labor se centra en la conducción de investigaciones exhaustivas en respuesta a posibles riesgos, implicando la recopilación de pruebas, entrevistas a testigos y la colaboración con otras entidades de seguridad. Además, despliega estrategias preventivas, evaluando riesgos y colaborando estrechamente con otras agencias para anticipar y abordar situaciones potencialmente peligrosas. La presencia disuasoria y las medidas proactivas desempeñan un papel fundamental en la protección de figuras políticas y la preservación de la estabilidad en el ámbito político costarricense.

¿Cuál es la función de la Procuraduría General de la República en Costa Rica en relación con los casos de deudores alimentarios y cómo contribuye a la defensa de los derechos alimentarios?

La Procuraduría General de la República en Costa Rica tiene la función de representar y defender los intereses del Estado en casos de deudores alimentarios. Actúa como apoyo legal en la ejecución de medidas coercitivas y en la defensa de los derechos de los beneficiarios de las pensiones alimentarias. Su intervención fortalece el proceso judicial, contribuyendo a la eficacia en la protección de los derechos alimentarios y en la búsqueda de soluciones legales ante incumplimientos.

¿Cuáles son los procedimientos legales para la anulación de un matrimonio en Costa Rica y en qué circunstancias se puede solicitar?

La anulación de un matrimonio en Costa Rica es un proceso legal que permite declarar que el matrimonio nunca existió. Se puede solicitar una anulación en ciertas circunstancias, como si hubo un impedimento legal al momento del matrimonio, como el matrimonio con un pariente cercano, o si una de las partes no tenía la capacidad mental para comprender el matrimonio. El proceso de anulación se lleva a cabo a través de un procedimiento legal y se requiere presentar pruebas que respalden la solicitud.

¿Cómo se incorporan consideraciones éticas y de responsabilidad social empresarial en la legislación de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para contratistas que no cumplen con estos principios?

Las consideraciones éticas y de responsabilidad social empresarial se incorporan en la legislación de contratación pública en Costa Rica como parte de los criterios de evaluación de propuestas. Los contratistas que no cumplen con estos principios pueden enfrentar sanciones que van desde la pérdida de puntos en la evaluación hasta la exclusión de los procesos de contratación. Esto refleja el compromiso de promover prácticas empresariales éticas y socialmente responsables en el contexto de la contratación pública.

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