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¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público en los procesos judiciales costarricenses?
El Ministerio Público en Costa Rica tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal, presentar la acusación y representar los intereses de la sociedad en los procesos judiciales.
¿Cómo se penaliza el delito de falsificación de documentos en Costa Rica?
La falsificación de documentos en Costa Rica puede conllevar penas de prisión y multas, protegiendo la integridad de documentos legales.
¿Qué se entiende por "suplantación de identidad" en el contexto de la legislación costarricense?
La "suplantación de identidad" en la legislación costarricense se refiere a la acción de hacerse pasar por otra persona, utilizando su identidad y documentación personal con el propósito de cometer fraude u otros delitos. Esta práctica es ilegal y puede tener graves consecuencias legales.
¿Cuál es el papel de la Contraloría de Servicios en la fiscalización de la calidad de obras realizadas por contratistas en Costa Rica?
La Contraloría de Servicios en Costa Rica desempeña un papel en la fiscalización de la calidad de obras realizadas por contratistas en proyectos de construcción financiados con fondos públicos. Esta entidad verifica que los proyectos cumplan con los estándares de calidad y que los recursos se utilicen adecuadamente.
¿Cuáles son los indicadores de transacciones sospechosas de lavado de activos que las entidades deben reportar en Costa Rica?
Las entidades en Costa Rica deben reportar transacciones sospechosas de lavado de activos que incluyan características como la falta de justificación económica, la complejidad de la transacción, la evasión de reportes o regulaciones, y la relación con actividades ilegales.
¿Cuáles son las sanciones para las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica?
Las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica pueden estar sujetas a sanciones, que incluyen advertencias, multas y la obligación de indemnizar al solicitante por daños y perjuicios. La Ley General de la Administración Pública establece las medidas que pueden tomarse en caso de retrasos injustificados en la resolución de trámites.
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