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¿Cuáles son los dilemas éticos asociados con la participación de profesionales en el lavado de activos en Costa Rica?
Los profesionales involucrados en actividades de lavado de activos enfrentan dilemas éticos al poner en riesgo su integridad y reputación profesional. Esto plantea preguntas sobre la ética individual y la responsabilidad.
¿Cómo se define un "trámite" en la legislación costarricense?
En la legislación costarricense, un "trámite" se define como un procedimiento administrativo o burocrático que debe llevarse a cabo para obtener un permiso, licencia, autorización o realizar cualquier gestión ante una entidad gubernamental. Esto incluye presentar solicitudes, documentación y cumplir con requisitos específicos.
¿Pueden las entidades financieras tercerizar el proceso KYC en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica pueden tercerizar ciertas actividades del proceso KYC, pero aún son responsables del cumplimiento de las regulaciones. Deben supervisar a los proveedores externos y garantizar que cumplan con los estándares y procedimientos de KYC requeridos. La tercerización no exime a las entidades de su responsabilidad.
¿Cuál es el procedimiento para reportar una transacción sospechosa de lavado de activos en Costa Rica?
Las entidades que identifican una transacción sospechosa de lavado de activos en Costa Rica deben presentar un informe a la UIF en un plazo específico. Este informe debe incluir información detallada sobre la transacción y las razones que la hacen sospechosa.
¿Cuáles son las sanciones y penas para quienes son condenados por lavado de activos en Costa Rica?
Las penas por lavado de activos en Costa Rica son severas e incluyen prisión y multas. Las sanciones varían según la gravedad del delito, la cantidad de dinero involucrada y otros factores. Además, los bienes obtenidos ilegalmente pueden ser confiscados.
¿Cómo se garantiza la accesibilidad de los trámites administrativos a personas con discapacidad en Costa Rica?
La accesibilidad de los trámites administrativos a personas con discapacidad en Costa Rica se garantiza a través de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. Esta ley establece la obligación de las instituciones gubernamentales de brindar información y servicios en formatos accesibles y de garantizar el acceso a sus instalaciones para todas las personas.
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