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¿Cómo abordan los tribunales casos de deudores alimentarios que argumentan dificultades económicas para cumplir con sus obligaciones, y cuál es el equilibrio entre la responsabilidad financiera y la capacidad económica del deudor?
Los tribunales abordan casos de deudores alimentarios que argumentan dificultades económicas considerando factores como la capacidad financiera del deudor. Se busca encontrar un equilibrio entre la responsabilidad financiera y la capacidad económica real del deudor. La jurisprudencia ha establecido criterios para evaluar estas situaciones, garantizando que las decisiones judiciales reflejen la realidad económica del deudor mientras aseguran el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de manera justa y equitativa.
¿Qué son las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica son individuos que ocupan o han ocupado cargos políticos, gubernamentales, o funciones públicas relevantes. Estas personas, debido a su posición, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de corrupción, lavado de dinero y otros delitos financieros, por lo que se requiere una supervisión y seguimiento especial en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el proceso de presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica?
En Costa Rica, las entidades deben presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando detecten actividades inusuales o sospechosas relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. El proceso implica recopilar información detallada sobre la transacción o actividad sospechosa, completar el formulario de STR y enviarlo a la UAF. Este proceso es fundamental para la detección y prevención del lavado de activos en el país.
¿Cómo se ha adaptado Costa Rica a los estándares internacionales en materia de cumplimiento normativo?
Costa Rica ha demostrado su compromiso con los estándares internacionales a través de la adopción de tratados y convenios. La implementación de normas como las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha llevado a reformas legales que fortalecen el cumplimiento normativo y promueven la transparencia en diferentes sectores del país.
¿Cuál es la normativa legal en Costa Rica para la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación, y cómo se aplican sanciones en casos de información falsa o engañosa proporcionada por los contratistas?
La normativa legal en Costa Rica establece criterios específicos para evaluar la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación. Se exige a los contratistas proporcionar información veraz y completa. En caso de proporcionar información falsa o engañosa, se pueden imponer sanciones como la descalificación del proceso de licitación, multas y, en casos graves, la inhabilitación para participar en futuras contrataciones públicas. Esto busca garantizar la integridad en la información presentada por los contratistas.
¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
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