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¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Cómo se ha adaptado Costa Rica a los avances tecnológicos en términos de cumplimiento normativo, especialmente en el sector financiero?
Costa Rica ha modernizado su marco normativo para abordar los desafíos tecnológicos, destacando la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esto garantiza que las instituciones financieras cumplan con requisitos actualizados en un entorno digital en constante evolución.
¿Cuáles son las sanciones fiscales por no presentar declaraciones de impuestos en Costa Rica?
No presentar declaraciones de impuestos en Costa Rica puede resultar en sanciones fiscales que incluyen multas y recargos por morosidad. Las multas se basan en un porcentaje del impuesto no declarado y varían según la gravedad de la infracción. Además, el incumplimiento de las obligaciones fiscales puede dar lugar a la pérdida de derechos como el acceso a crédito y la participación en licitaciones públicas.
¿Cómo colabora Costa Rica con agencias internacionales para abordar la migración y sus impactos en las estructuras familiares, especialmente en la protección de los derechos de los menores?
Costa Rica colabora estrechamente con agencias internacionales para abordar la migración y sus impactos en las estructuras familiares. La cooperación se centra en garantizar la protección de los derechos de los menores en situaciones migratorias, brindando asistencia y apoyo a las familias afectadas.
¿Qué medidas se han tomado para mitigar el impacto social del embargo en Costa Rica?
Con el objetivo de mitigar el impacto social del embargo, Costa Rica ha implementado diversas medidas. Estas incluyen programas de apoyo específicos para los sectores más afectados, políticas de desarrollo económico que fomentan la diversificación y estrategias para proteger el empleo y el bienestar de la población.
¿Qué es la jurisdicción contenciosa administrativa en Costa Rica?
La jurisdicción contenciosa administrativa en Costa Rica se refiere a la competencia de los tribunales para resolver disputas entre los ciudadanos y las entidades gubernamentales. Esta jurisdicción se utiliza para impugnar actos administrativos, decisiones gubernamentales y otros asuntos relacionados con la administración pública. Los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa garantizan que las acciones gubernamentales se ajusten a la ley y protegen los derechos de los ciudadanos frente al Estado.
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