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¿Cuál es el marco jurídico en Costa Rica para la verificación en listas de riesgo?
En Costa Rica, la principal normativa que rige la verificación en listas de riesgo se encuentra en la Ley 7786 sobre Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Esta ley establece los procedimientos y requisitos para la identificación y gestión de personas o entidades en listas de riesgo.
¿Cuáles son los desafíos éticos en la recuperación de activos vinculados al lavado en Costa Rica?
Los desafíos éticos incluyen la equidad en la recuperación de activos y la distribución justa de recursos recuperados, generando debates sobre la ética en la aplicación de medidas de confiscación y recuperación.
¿Qué es una cláusula de arras en un contrato de venta en Costa Rica?
Una cláusula de arras es un acuerdo en un contrato de venta en Costa Rica en el que el comprador paga una cantidad como señal para asegurar la compra del bien. Si el comprador se retracta, puede perder las arras, y si el vendedor incumple, puede tener que devolver el doble de las arras.
¿Cuál es la relación entre la función social del embargo y la política exterior de Costa Rica?
La función social del embargo está estrechamente vinculada a la política exterior de Costa Rica. Las decisiones relacionadas con el embargo deben equilibrar los intereses nacionales con las consideraciones diplomáticas y las relaciones internacionales. La política exterior busca proteger los intereses de Costa Rica mientras mantiene una posición constructiva en el escenario global.
¿Puede un contrato de venta en Costa Rica ser rescindido por mutuo acuerdo de las partes?
Sí, las partes pueden rescindir un contrato de venta en Costa Rica por mutuo acuerdo. La rescisión debe registrarse por escrito y cumplir con los términos acordados.
¿Cuáles son las leyes fundamentales que regulan la obligación de alimentar en Costa Rica y cómo se establece el marco jurídico para proteger los derechos alimentarios?
En Costa Rica, la obligación de alimentar está regulada principalmente por el Código de Familia, específicamente en los artículos 242 al 249. Estos establecen las normas y responsabilidades en cuanto a la pensión alimentaria. Además, se complementa con la Ley de Pensiones Alimentarias, que detalla los procedimientos y mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El marco jurídico busca asegurar la protección de los derechos alimentarios, especialmente de menores y personas vulnerables.
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