JOHAN JOSUE LASCAREZ BENAVIDES - Perfil - 115000XXX

Perfil de JOHAN JOSUE LASCAREZ BENAVIDES - 115000XXX

Cédula de Identidad 115000XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la Defensoría Pública de Costa Rica en relación con los antecedentes judiciales, y cómo aborda esta institución posibles casos de discriminación o injusticias derivadas de la existencia de antecedentes?

La Defensoría Pública de Costa Rica juega un papel importante en la defensa de los derechos de las personas con antecedentes judiciales. Esta institución aborda posibles casos de discriminación o injusticias derivadas de la existencia de antecedentes, interviniendo en defensa de los afectados. La Defensoría Pública puede presentar recursos legales y realizar gestiones para garantizar que las personas con antecedentes judiciales reciban un trato justo y equitativo. Su participación destaca la importancia de la vigilancia independiente en la protección de los derechos individuales en el contexto de antecedentes judiciales en Costa Rica.

¿Pueden las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica tener cuentas bancarias en el extranjero?

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica pueden tener cuentas bancarias en el extranjero, pero estas cuentas también están sujetas a regulaciones y deben ser declaradas. Las PEP deben cumplir con las obligaciones de debida diligencia y reporte de transacciones, tanto en su país de origen como en el extranjero. Las autoridades pueden solicitar información sobre estas cuentas en el marco de investigaciones relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.

¿Cómo ha influido el embargo en la movilidad social en Costa Rica?

El embargo puede influir en la movilidad social en Costa Rica al afectar las oportunidades económicas y educativas. Para contrarrestar posibles retrocesos en la movilidad social, se deben implementar medidas que promuevan la igualdad de acceso a la educación y al empleo, permitiendo que los ciudadanos continúen avanzando en la escala social a pesar de los desafíos impuestos por el embargo.

¿Cómo se manejan los antecedentes judiciales en la población juvenil en Costa Rica, y existen políticas específicas para abordar las causas subyacentes y prevenir la reincidencia en esta demografía específica?

La gestión de antecedentes judiciales en la población juvenil en Costa Rica implica enfoques específicos para abordar las causas subyacentes y prevenir la reincidencia. Pueden existir políticas centradas en la rehabilitación y la educación, reconociendo que la intervención temprana puede ser crucial para prevenir la persistencia de comportamientos delictivos. Estas políticas pueden enfocarse en el desarrollo de programas que aborden las necesidades particulares de la población juvenil, con el objetivo de proporcionar oportunidades y apoyo para evitar futuros antecedentes judiciales en este grupo demográfico en Costa Rica.

¿Cuáles fueron las motivaciones detrás de la creación de la Ley del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica y cómo ha influido en la percepción y cumplimiento tributario?

La creación de la Ley del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica respondió a la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos y fortalecer la equidad tributaria. Esta ley ha influido en la percepción y cumplimiento tributario al establecer normas claras y promover la transparencia. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos en su implementación, destacando la complejidad de balancear la equidad y la eficiencia en la recaudación fiscal.

¿Cuál es el impacto social de casos recurrentes de corrupción en el sector público en Costa Rica y cómo afectan la percepción ciudadana sobre la eficacia de los antecedentes disciplinarios en prevenir este tipo de conductas?

Los casos recurrentes de corrupción en el sector público en Costa Rica tienen un impacto social significativo. Afectan la percepción ciudadana sobre la eficacia de los antecedentes disciplinarios al generar desconfianza en la capacidad del sistema para prevenir y sancionar este tipo de conductas. La consecuencia social incluye la pérdida de confianza en las instituciones públicas y la necesidad de fortalecer los mecanismos disciplinarios para restaurar la integridad en el servicio público.

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