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¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Existe alguna diferencia en la legislación costarricense entre la complicidad en delitos graves y en delitos menores?
Sí, la legislación costarricense puede diferenciar las penas para la complicidad en delitos graves y menores. Esta diferenciación se realiza para ajustar las sanciones a la gravedad de la acción criminal.
¿Cuáles son los sectores más afectados por el embargo en Costa Rica?
Sectores clave, dependientes del comercio internacional, como la exportación de bienes y servicios, son los más afectados por el embargo en Costa Rica. La agricultura, la industria manufacturera y otros sectores vinculados a transacciones con países sujetos a sanciones experimentan desafíos significativos debido a estas restricciones.
¿Cuál es el impacto económico de la debida diligencia en la industria turística de Costa Rica, considerando la importancia de la confianza financiera para los visitantes extranjeros?
La debida diligencia tiene un impacto económico positivo en la industria turística de Costa Rica al garantizar la confianza financiera para los visitantes extranjeros. La transparencia en las transacciones comerciales contribuye a mantener la reputación del país como un destino turístico seguro y confiable.
¿Cuál es la normativa legal en Costa Rica para la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación, y cómo se aplican sanciones en casos de información falsa o engañosa proporcionada por los contratistas?
La normativa legal en Costa Rica establece criterios específicos para evaluar la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación. Se exige a los contratistas proporcionar información veraz y completa. En caso de proporcionar información falsa o engañosa, se pueden imponer sanciones como la descalificación del proceso de licitación, multas y, en casos graves, la inhabilitación para participar en futuras contrataciones públicas. Esto busca garantizar la integridad en la información presentada por los contratistas.
¿Cuál es la posición legal en Costa Rica respecto a las huelgas y paros laborales, y cuáles son las medidas para garantizar el ejercicio de estos derechos de manera regulada y justa?
La legislación costarricense reconoce el derecho a la huelga y establece mecanismos para su ejercicio regulado. Los sindicatos deben seguir procedimientos legales, como la notificación previa, para realizar huelgas. La intervención de la jurisdicción laboral es clave en la resolución de conflictos derivados de huelgas. Estas medidas buscan equilibrar el ejercicio del derecho a la huelga con la estabilidad laboral y la continuidad de servicios esenciales.
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