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¿Cómo influye el lavado de activos en la percepción de riesgo de los inversionistas extranjeros en Costa Rica?
El lavado de activos puede aumentar la percepción de riesgo para los inversionistas extranjeros, disuadiéndolos de participar en la economía costarricense y afectando así la atracción de inversiones internacionales.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la financiación de proyectos sociales en Costa Rica, y cómo se garantiza la transparencia en estas inversiones?
El lavado de activos puede afectar la financiación de proyectos sociales en Costa Rica al distorsionar la legitimidad de las inversiones. Se implementan medidas de AML para garantizar la transparencia en estas inversiones y asegurar que los recursos destinados a proyectos sociales contribuyan genuinamente al bienestar de la sociedad.
¿Qué medidas se toman en caso de encontrar una coincidencia en las listas de riesgos en Costa Rica?
En caso de encontrar una coincidencia en las listas de riesgos en Costa Rica, se deben tomar medidas adicionales, como reportar la transacción a la UAF y, en casos graves, congelar los fondos o activos relacionados con la persona o entidad sancionada. Esto depende de la legislación y las regulaciones aplicables.
¿Existen plazos de prescripción para reclamar una pensión alimentaria en Costa Rica?
En Costa Rica, existen plazos de prescripción para reclamar una pensión alimentaria. La prescripción puede variar según las circunstancias y la legislación aplicable, por lo que es importante buscar asesoramiento legal si existe alguna pregunta sobre la prescripción en un caso específico.
¿Qué papel juegan las instituciones educativas y de formación en la preparación de profesionales para el mercado laboral costarricense?
Las instituciones educativas y de formación desempeñan un papel esencial al preparar a los profesionales para satisfacer las necesidades del mercado laboral costarricense y global.
¿Cuál es el plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica?
El plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica puede variar según el tipo de trámite y la institución responsable. Sin embargo, la Ley General de la Administración Pública establece que, en principio, los trámites deben resolverse en un plazo máximo de 60 días hábiles. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse, pero se debe notificar al solicitante.
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