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¿Cómo supervisan y regulan las autoridades costarricenses la implementación del KYC en instituciones financieras?
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en Costa Rica desempeña un papel clave en supervisar y regular la implementación del KYC, asegurando el cumplimiento de las normativas y sancionando incumplimientos.
¿Qué sectores y actividades económicas son más susceptibles a la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Los sectores y actividades económicas más susceptibles a la financiación del terrorismo en Costa Rica pueden incluir servicios financieros, transferencias de dinero, organizaciones caritativas, y actividades ilegales como el narcotráfico.
¿Cómo se informa a los profesionales sobre las sanciones disciplinarias en su contra?
Los profesionales son informados por escrito sobre las sanciones disciplinarias en su contra a través de una notificación oficial de la entidad reguladora. La notificación detalla la sanción y proporciona información sobre el proceso de apelación.
¿Cómo se abordan los casos de corrupción en los procesos judiciales en Costa Rica?
Los casos de corrupción en Costa Rica son abordados mediante investigaciones exhaustivas, juicios transparentes y sanciones proporcionales. Se busca erradicar la corrupción y promover la integridad en el ámbito público y privado.
¿Qué sucede si una persona que ha sido PEP ya no ocupa un cargo político o público en Costa Rica?
Cuando una persona que ha sido considerada Persona Expuesta Políticamente (PEP) ya no ocupa un cargo político o público en Costa Rica, su estatus como PEP puede cambiar. Las regulaciones pueden variar, pero en muchos casos, la persona ya no será considerada PEP, lo que significa que las obligaciones adicionales de debida diligencia disminuirán. Sin embargo, el historial como PEP puede seguir siendo relevante para ciertas investigaciones.
¿Cómo impacta el lavado de activos en la movilidad social en Costa Rica, considerando la posibilidad de distorsionar oportunidades económicas legítimas?
El lavado de activos puede distorsionar la movilidad social en Costa Rica al desviar recursos de oportunidades económicas legítimas hacia actividades ilícitas, afectando la igualdad de oportunidades y crecimiento económico para todos.
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