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¿Cuáles son las medidas adoptadas para abordar la violencia de género en Costa Rica?
Costa Rica ha implementado políticas integrales para abordar la violencia de género, incluyendo la creación de unidades especializadas en la policía, campañas de concientización y legislación que protege los derechos de las mujeres.
¿Se castiga de la misma manera la complicidad en delitos menores y en delitos graves en Costa Rica?
No necesariamente. La legislación en Costa Rica puede diferenciar las penas para la complicidad en delitos menores y graves, considerando la gravedad de la acción criminal.
¿Cómo influye el lavado de activos en la percepción de riesgo de los inversionistas extranjeros en Costa Rica?
El lavado de activos puede aumentar la percepción de riesgo para los inversionistas extranjeros, disuadiéndolos de participar en la economía costarricense y afectando así la atracción de inversiones internacionales.
¿Cómo se trata el delito de violación de la privacidad en Costa Rica?
La violación de la privacidad en Costa Rica puede dar lugar a sanciones civiles y penales, protegiendo el derecho a la intimidad de las personas.
¿Qué es un deudor alimentario en Costa Rica?
En Costa Rica, un deudor alimentario es una persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimentos a sus hijos menores de edad, cónyuge o ex cónyuge, y que no cumple con esta obligación. Los alimentos incluyen alimentos básicos, atención médica, educación y otros elementos necesarios para el bienestar de los beneficiarios. La figura del deudor alimentario está regulada por la legislación familiar y las normativas relacionadas.
¿Cuáles son las medidas y sanciones contempladas en la legislación costarricense para prevenir y abordar prácticas de colusión entre contratistas en procesos de licitación pública?
La legislación costarricense contempla medidas específicas para prevenir y abordar prácticas de colusión entre contratistas en procesos de licitación pública. Se establecen restricciones para evitar la colusión y se aplican sanciones en caso de detección, que pueden incluir multas, la descalificación de los participantes y la prohibición de participar en futuras licitaciones. Estas medidas buscan garantizar la competencia justa y transparente en los procesos de contratación.
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