JORDY GABRIEL ROJAS FALLAS - Perfil - 119170XXX

Perfil de JORDY GABRIEL ROJAS FALLAS - 119170XXX

Cédula de Identidad 119170XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo se protegen los derechos de los ciudadanos durante un embargo en Costa Rica?

Los derechos de los ciudadanos durante un embargo en Costa Rica se protegen mediante el respeto a las garantías constitucionales y los principios fundamentales del debido proceso. La notificación previa, el derecho a la defensa, y la transparencia en el proceso son elementos clave para salvaguardar los derechos de los ciudadanos afectados por un embargo. Además, se fomenta la mediación y la conciliación como formas de resolver disputas de manera pacífica antes de recurrir al embargo, priorizando la protección de los derechos de todas las partes involucradas.

¿Cuál es la influencia del proceso migratorio en la dinámica familiar de los costarricenses que migran a Estados Unidos?

El proceso migratorio puede influir en la dinámica familiar de los costarricenses que migran a Estados Unidos al generar separación física y desafíos emocionales. La legislación busca abordar estos impactos mediante políticas que faciliten la reunificación familiar, promoviendo procesos de migración seguros y ordenados. Se reconoce la importancia de mantener la unidad familiar y se establecen medidas para mitigar los efectos negativos en las relaciones familiares causados por la distancia y la adaptación a nuevos entornos.

¿Cuál es el impacto económico y social de las medidas preventivas adoptadas por las empresas en respuesta a demandas laborales previas, y cómo se reflejan estas medidas en la mejora de las condiciones laborales en general?

El impacto económico y social de las medidas preventivas adoptadas por las empresas en respuesta a demandas laborales previas es significativo. Las empresas, al implementar medidas para prevenir conflictos laborales, pueden reducir costos asociados con demandas y mejorar la moral de los trabajadores. Estas medidas reflejan un compromiso con la mejora de las condiciones laborales en general, contribuyendo a la creación de entornos de trabajo más saludables y equitativos.

¿Cuál es la posición legal respecto a la subarrendamiento de propiedades en Costa Rica, y cuáles son las condiciones y restricciones que deben cumplirse para llevar a cabo esta práctica de manera legal?

La legislación costarricense permite el subarrendamiento de propiedades, siempre y cuando exista el consentimiento expreso del arrendador. La figura del subarrendamiento debe estar contemplada en el contrato original, y el arrendatario debe notificar y obtener la autorización escrita del arrendador antes de subarrendar la propiedad. Además, el subarrendatario adquiere los mismos derechos y obligaciones que el arrendatario original. Cumplir con estas condiciones y restricciones es esencial para evitar conflictos legales y garantizar la validez del subarrendamiento.

¿Qué requisitos debe cumplir una persona para obtener un Certificado de Cumplimiento Fiscal en Costa Rica?

Para obtener un Certificado de Cumplimiento Fiscal en Costa Rica, una persona o empresa debe cumplir con todas sus obligaciones fiscales, incluyendo la presentación oportuna de declaraciones de impuestos y el pago de los impuestos adeudados. Además, deben demostrar que no tienen deudas fiscales pendientes ni sanciones activas. La solicitud del certificado se presenta ante la Dirección General de Tributación.

¿Cuál es la normativa legal en Costa Rica para la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación, y cómo se aplican sanciones en casos de información falsa o engañosa proporcionada por los contratistas?

La normativa legal en Costa Rica establece criterios específicos para evaluar la capacidad técnica y financiera de los contratistas en procesos de licitación. Se exige a los contratistas proporcionar información veraz y completa. En caso de proporcionar información falsa o engañosa, se pueden imponer sanciones como la descalificación del proceso de licitación, multas y, en casos graves, la inhabilitación para participar en futuras contrataciones públicas. Esto busca garantizar la integridad en la información presentada por los contratistas.

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