JORGE ENRIQUE MONTERO VARGAS - Perfil - 402420XXX

Perfil de JORGE ENRIQUE MONTERO VARGAS - 402420XXX

Cédula de Identidad 402420XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Sí, las entidades financieras en Costa Rica suelen tener un oficial de cumplimiento designado para el KYC. Este oficial es responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También actúa como punto de contacto con las autoridades regulatorias.

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Costa Rica puede abogar por la responsabilidad de las empresas en casos de complicidad corporativa, imponiendo sanciones legales y multas para empresas que participan en actividades delictivas.

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Las transacciones relacionadas con el arte y antigüedades en Costa Rica están sujetas a regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la compra y venta de estos activos.

¿Cuáles son las sanciones para las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica?

Las instituciones que incumplen los plazos en la resolución de trámites administrativos en Costa Rica pueden estar sujetas a sanciones, que incluyen advertencias, multas y la obligación de indemnizar al solicitante por daños y perjuicios. La Ley General de la Administración Pública establece las medidas que pueden tomarse en caso de retrasos injustificados en la resolución de trámites.

¿Cómo se ha adaptado la legislación costarricense a las tendencias actuales en la selección de personal, como la igualdad de género y la diversidad?

La legislación costarricense se ha adaptado a las tendencias actuales mediante reformas que promueven la igualdad de género y la diversidad en la selección de personal.

¿Cómo se abordaron los antecedentes disciplinarios en la administración pública de Costa Rica durante periodos de crisis política o institucional?

Durante periodos de crisis política o institucional en Costa Rica, el abordaje de antecedentes disciplinarios ha sido un desafío adicional. Sin embargo, la necesidad de mantener la integridad y ética en la administración pública ha llevado a reforzar los mecanismos de supervisión y asegurar que los procesos disciplinarios se lleven a cabo de manera imparcial, incluso en contextos de crisis, para preservar la confianza en las instituciones gubernamentales.

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