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¿Cuál es el proceso de resolución de disputas en contratos públicos con contratistas en Costa Rica?
El proceso de resolución de disputas en contratos públicos con contratistas en Costa Rica puede implicar mediación, arbitraje y, en última instancia, procedimientos judiciales si las partes no llegan a un acuerdo. La elección del método dependerá de las disposiciones contractuales y la naturaleza de la disputa.
¿Existen limitaciones en la cantidad de demandas laborales que un trabajador puede presentar en Costa Rica?
En Costa Rica, generalmente no existen limitaciones en la cantidad de demandas laborales que un trabajador puede presentar. Cada demanda se relaciona con un asunto laboral específico y puede presentarse por separado. Sin embargo, los trabajadores deben asegurarse de cumplir con los plazos aplicables para cada demanda.
¿Cómo se maneja legalmente la verificación de antecedentes en procesos de adopción en Costa Rica y cuáles son los principios rectores en este contexto?
La verificación de antecedentes en procesos de adopción en Costa Rica se aborda legalmente para proteger el bienestar del menor adoptado. Los principios rectores incluyen evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar la transparencia y justicia en el proceso.
¿Qué incentivos ofrece el gobierno costarricense para fomentar la contratación de personal local en lugar de extranjero?
El gobierno costarricense ofrece incentivos para fomentar la contratación local, como beneficios fiscales y apoyo a programas de empleo.
¿Cómo se protege la independencia judicial frente a presiones políticas y económicas en Costa Rica?
La protección de la independencia judicial en Costa Rica se logra mediante mecanismos legales, la designación de jueces basada en méritos y la promoción de una cultura que respete la autonomía del Poder Judicial frente a presiones externas.
¿Cuáles son las leyes que regulan la ciberdelincuencia en Costa Rica?
Costa Rica ha implementado la Ley de Delitos Informáticos para abordar la ciberdelincuencia. Esta ley establece sanciones para actividades delictivas en línea, como el acceso no autorizado a sistemas informáticos, el fraude electrónico y la difusión de programas maliciosos. Además, busca proteger la seguridad de la información y combatir eficazmente los delitos cibernéticos en el país.
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