JOSE AGUSTIN ESPINOZA CENTENO - Perfil - 117050XXX

Perfil de JOSE AGUSTIN ESPINOZA CENTENO - 117050XXX

Cédula de Identidad 117050XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se manejan las relaciones comerciales con personas políticamente expuestas (PEP) en Costa Rica en el marco de la debida diligencia?

Las relaciones comerciales con PEP se consideran de alto riesgo en Costa Rica debido a su posición política o gubernamental. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia reforzada. Esto implica una evaluación más exhaustiva de la relación, la identificación de los beneficiarios efectivos y la presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) si se detecta alguna actividad inusual. La entidad debe mantener registros detallados y monitorear de cerca estas relaciones para prevenir el lavado de activos.

¿Cómo pueden los contribuyentes resolver problemas con sus antecedentes fiscales en Costa Rica?

Los contribuyentes que enfrentan problemas con sus antecedentes fiscales en Costa Rica pueden resolverlos colaborando con la Dirección General de Tributación. Esto puede incluir la negociación de acuerdos de pago para saldar deudas fiscales, la corrección de errores o discrepancias en las declaraciones de impuestos y la presentación de recursos o apelaciones en caso de desacuerdo con determinaciones fiscales. Es importante buscar asesoramiento legal o contable cuando sea necesario.

¿Cómo se ha gestionado históricamente la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales en términos de recaudación y distribución de impuestos en Costa Rica?

La relación entre el gobierno central y los gobiernos locales en Costa Rica ha sido gestionada a través de la distribución de impuestos. A lo largo de la historia, se han establecido mecanismos para equilibrar la recaudación y distribución de fondos, asegurando que los gobiernos locales tengan recursos adecuados para cumplir con sus responsabilidades, contribuyendo así al desarrollo equitativo en todo el país.

¿Cómo se asegura la participación de pequeñas y medianas empresas (PYME) en los procesos de contratación pública en Costa Rica, y cuáles son las sanciones para prácticas que obstaculizan su acceso equitativo?

La participación de pequeñas y medianas empresas (PYME) en los procesos de contratación pública en Costa Rica se asegura mediante medidas que fomentan su inclusión y acceso equitativo. Las sanciones para prácticas que obstaculizan su participación van desde multas hasta la exclusión de procesos de contratación futuros. La protección de los derechos y la igualdad de oportunidades para las PYME refleja el compromiso de promover la diversidad y competencia en el sector contractual.

¿Cómo ha evolucionado la legislación en Costa Rica para abordar casos de subcontratación y tercerización en proyectos públicos, y cuáles son las medidas para prevenir abusos y garantizar la responsabilidad de los contratistas principales?

La legislación en Costa Rica ha evolucionado para abordar casos de subcontratación y tercerización en proyectos públicos. Se han establecido reglas claras sobre la responsabilidad de los contratistas principales en el control y supervisión de sus subcontratistas. Las medidas incluyen la obligación de informar sobre subcontrataciones y la imposición de sanciones en caso de abusos. Estas disposiciones buscan prevenir prácticas que afecten la calidad y la integridad de los proyectos públicos.

¿Cómo se regulan legalmente las situaciones de desalojo en Costa Rica, y cuáles son los procedimientos y plazos que deben seguirse para llevar a cabo un desalojo de manera justa y conforme a la legislación vigente?

Las situaciones de desalojo en Costa Rica están reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Para llevar a cabo un desalojo, el arrendador debe notificar al arrendatario con al menos tres meses de antelación, detallando las causales específicas que justifican la acción. Es esencial seguir los procedimientos establecidos por la ley, respetando los plazos y garantizando el derecho del arrendatario a presentar sus argumentos ante un juez. La legislación busca equilibrar los derechos de ambas partes y asegurar que los desalojos se realicen de manera justa y conforme a la normativa vigente.

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