JOSE CARLOS QUESADA MORA - Perfil - 116060XXX

Perfil de JOSE CARLOS QUESADA MORA - 116060XXX

Cédula de Identidad 116060XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se manejan las relaciones de corresponsalía bancaria en el marco de las regulaciones AML en Costa Rica?

Las relaciones de corresponsalía bancaria en Costa Rica están sujetas a regulaciones AML. Las entidades financieras deben realizar una debida diligencia reforzada en las relaciones de corresponsalía para garantizar que sus socios cumplan con las mismas regulaciones AML. También deben evaluar y mitigar los riesgos asociados a estas relaciones para prevenir el lavado de activos.

¿Cómo se aborda la responsabilidad de las instituciones religiosas en casos de falta de debida diligencia en Costa Rica, y cuáles son los mecanismos legales para asegurar que sus prácticas se adhieran a estándares éticos y morales?

La responsabilidad de las instituciones religiosas en casos de falta de debida diligencia se aborda a través de mecanismos legales. Estos mecanismos aseguran que las prácticas de estas instituciones se adhieran a estándares éticos y morales, estableciendo responsabilidades y sanciones en caso de incumplimiento, con el objetivo de preservar la integridad de sus actividades y contribuir al bienestar de la sociedad.

¿Cuáles son las disposiciones legales en Costa Rica que rigen la recopilación y manejo de antecedentes judiciales, y cómo se garantiza la conformidad con estas normativas?

La recopilación y manejo de antecedentes judiciales en Costa Rica se rige principalmente por la Ley de Antecedentes Judiciales (Ley No. 4573). Esta legislación establece los procedimientos para la recopilación, almacenamiento y acceso a la información judicial. Además, la Constitución Política y el Código Procesal Penal contienen disposiciones relevantes. La garantía de conformidad con estas normativas se logra mediante auditorías regulares, revisiones internas y el compromiso de las instituciones judiciales para mantener altos estándares éticos y legales en el manejo de la información judicial en Costa Rica.

¿Cómo se promueve la inclusión social de personas con antecedentes judiciales en Costa Rica, y existen programas que fomenten la participación cívica y comunitaria como parte de la reintegración social?

La promoción de la inclusión social de personas con antecedentes judiciales en Costa Rica puede implicar programas que fomenten la participación cívica y comunitaria. Estos programas buscan superar la estigmatización y ofrecer oportunidades para que las personas con antecedentes se reintegren activamente en la sociedad costarricense. Pueden incluir actividades educativas, de voluntariado y de participación comunitaria que contribuyan a la reintegración social y fortalezcan los lazos sociales. La inclusión social es un componente esencial de la gestión de antecedentes judiciales en Costa Rica, buscando reducir el estigma y promover la participación significativa en la vida comunitaria.

¿Cómo ha evolucionado la estructura de los impuestos en Costa Rica desde la implementación de los primeros gravámenes hasta la actualidad?

La estructura de los impuestos en Costa Rica ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo. Desde una dependencia inicial en impuestos al comercio y la agricultura, se ha diversificado con la incorporación de impuestos sobre la renta, el valor agregado y otros. Estos cambios buscan adaptar la estructura tributaria a las transformaciones económicas y sociales, reflejando la necesidad de equidad y eficiencia en la recaudación fiscal.

¿Cómo ha evolucionado la legislación en Costa Rica para abordar casos de subcontratación y tercerización en proyectos públicos, y cuáles son las medidas para prevenir abusos y garantizar la responsabilidad de los contratistas principales?

La legislación en Costa Rica ha evolucionado para abordar casos de subcontratación y tercerización en proyectos públicos. Se han establecido reglas claras sobre la responsabilidad de los contratistas principales en el control y supervisión de sus subcontratistas. Las medidas incluyen la obligación de informar sobre subcontrataciones y la imposición de sanciones en caso de abusos. Estas disposiciones buscan prevenir prácticas que afecten la calidad y la integridad de los proyectos públicos.

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