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¿Cómo aborda Costa Rica las cuestiones de derechos de familia en el contexto de la migración, especialmente en la protección de menores migrantes no acompañados?
Costa Rica aborda las cuestiones de derechos de familia en el contexto de la migración, prestando especial atención a la protección de menores migrantes no acompañados. Las políticas gubernamentales y la colaboración internacional se centran en garantizar la seguridad y bienestar de estos menores, considerando su situación familiar única.
¿Cómo se penaliza el delito de soborno en el ámbito empresarial en Costa Rica?
El soborno en el ámbito empresarial en Costa Rica puede resultar en sanciones penales y multas, buscando mantener la integridad en las transacciones.
¿Cómo se aborda la mediación y conciliación en los procesos judiciales costarricenses?
La mediación y conciliación en Costa Rica están reguladas por la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, permitiendo resolver disputas de manera extrajudicial y descongestionar los tribunales.
¿Cómo afecta el lavado de activos a la confianza ética en el sistema judicial de Costa Rica?
La participación en actividades ilícitas afecta la confianza ética en el sistema judicial, generando un debate sobre la ética en la administración de justicia y la necesidad de mantener la integridad ética en el sistema legal.
¿Cómo se castiga el secuestro en Costa Rica?
El secuestro en Costa Rica es castigado con penas que van desde los 20 hasta los 35 años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y de si hay circunstancias agravantes. Además, se considera un delito especialmente grave, lo que implica penas más severas para los culpables.
¿Cómo se abordan legalmente las verificaciones de antecedentes en procesos de contratación pública en Costa Rica?
En el ámbito de la contratación pública en Costa Rica, las verificaciones de antecedentes se abordan legalmente mediante la Ley de Contratación Administrativa. Esta legislación establece los procedimientos y requisitos para la selección de proveedores, incluyendo la revisión de antecedentes legales y financieros. El objetivo es garantizar la integridad y transparencia en los procesos de contratación pública, evitando la participación de empresas con antecedentes que podrían comprometer la ética en la ejecución de contratos gubernamentales.
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