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¿Qué restricciones enfrentan las personas o empresas con malos antecedentes fiscales en Costa Rica?
Las personas o empresas con malos antecedentes fiscales en Costa Rica pueden enfrentar restricciones significativas. Estas restricciones incluyen la imposibilidad de participar en licitaciones públicas, obtener contratos gubernamentales, acceder a crédito en condiciones favorables, y realizar trámites administrativos. Además, pueden enfrentar sanciones financieras, como multas y recargos por morosidad.
¿Cuáles son las relaciones y acuerdos internacionales que Costa Rica ha establecido para abordar temas relacionados con el derecho de familia, como la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género?
hasta enero de 2022, Costa Rica ha estado involucrada en varios acuerdos y tratados internacionales para abordar temas relacionados con el derecho de familia, la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género. Es importante tener en cuenta que la información puede haber cambiado después de esa fecha. Algunos de los acuerdos y tratados relevantes incluyen: Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará); La Convención de Belem do Pará tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica; Protocolo Facultativo de la CDN sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio de La Haya de 1980); Tratados bilaterales y regionales: Además de los tratados multilaterales, Costa Rica también puede tener acuerdos bilaterales y regionales con otros países para abordar cuestiones relacionadas con el derecho de familia y la protección de menores.
¿Cómo podrían los expedientes judiciales contribuir a la creación de programas de apoyo y capacitación para los jóvenes que enfrentan situaciones laborales precarias en Costa Rica?
Los expedientes judiciales podrían contribuir a la creación de programas de apoyo y capacitación para los jóvenes que enfrentan situaciones laborales precarias en Costa Rica al proporcionar información detallada sobre casos específicos. Analizar estos expedientes puede orientar la formulación de programas que aborden las necesidades específicas de los jóvenes trabajadores y promuevan condiciones laborales más justas y seguras.
¿Qué sucede si el arrendatario desea realizar mejoras o modificaciones en la propiedad arrendada en Costa Rica?
Si el arrendatario desea realizar mejoras o modificaciones en la propiedad arrendada en Costa Rica, generalmente debe obtener el consentimiento del arrendador. El consentimiento se debe obtener por escrito y puede incluir acuerdos sobre quién asumirá los costos de las mejoras y quién será el propietario de las mejoras al final del contrato.
¿Cuál es el papel de las garantías en los contratos públicos con contratistas en Costa Rica?
Las garantías desempeñan un papel importante en los contratos públicos con contratistas en Costa Rica. Estas garantías pueden incluir garantías de cumplimiento, garantías de buena calidad y garantías de pago. Sirven como protección para las entidades públicas en caso de incumplimiento por parte del contratista.
¿Cómo ha evolucionado la legislación en Costa Rica para abordar casos de subcontratación y tercerización en proyectos públicos, y cuáles son las medidas para prevenir abusos y garantizar la responsabilidad de los contratistas principales?
La legislación en Costa Rica ha evolucionado para abordar casos de subcontratación y tercerización en proyectos públicos. Se han establecido reglas claras sobre la responsabilidad de los contratistas principales en el control y supervisión de sus subcontratistas. Las medidas incluyen la obligación de informar sobre subcontrataciones y la imposición de sanciones en caso de abusos. Estas disposiciones buscan prevenir prácticas que afecten la calidad y la integridad de los proyectos públicos.
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