JOSE GABRIEL ESTRADA MARTINEZ - Perfil - 503760XXX

Perfil de JOSE GABRIEL ESTRADA MARTINEZ - 503760XXX

Cédula de Identidad 503760XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se define legalmente el término "cómplice" en Costa Rica?

En Costa Rica, el término "cómplice" se define como aquella persona que, de manera deliberada y voluntaria, coopera o participa en la comisión de un delito junto con el autor principal o los coautores. Un cómplice actúa con el conocimiento y la intención de facilitar, promover o contribuir de alguna manera al delito, ya sea proporcionando apoyo logístico, información, medios, o de cualquier otra manera que favorezca la comisión del delito. La complicidad es una figura importante en la legislación penal y puede tener implicaciones legales significativas.

¿Cómo se coordinan las acciones entre agencias gubernamentales para combatir la financiación del terrorismo en Costa Rica?

La coordinación entre agencias gubernamentales es fundamental en la lucha contra la financiación del terrorismo en Costa Rica. Existe un marco de cooperación establecido que involucra a diversas entidades, como el Ministerio de Hacienda, el Poder Judicial, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Estas agencias trabajan en conjunto para compartir información, llevar a cabo investigaciones y garantizar la aplicación efectiva de la legislación. La colaboración interinstitucional es esencial para abordar de manera integral los desafíos asociados con la financiación del terrorismo y garantizar una respuesta eficaz por parte del Estado costarricense.

¿Cómo se regula la prescripción de acciones en contratos de venta en Costa Rica?

La prescripción de acciones en contratos de venta en Costa Rica se regula por el Código Civil. Este establece plazos específicos durante los cuales las partes pueden ejercer sus derechos derivados del contrato. Por ejemplo, el plazo general de prescripción para acciones personales es de cuatro años. Sin embargo, para acciones relacionadas con bienes inmuebles, el plazo puede extenderse. Es esencial que las partes conozcan estos plazos y tomen las medidas legales oportunas antes de que expire el período de prescripción para proteger sus derechos en caso de incumplimiento contractual.

¿Cómo afecta la debida diligencia en la percepción de Costa Rica como un destino atractivo para la inversión extranjera en el sector agrícola, considerando la importancia de prácticas sostenibles y éticas?

La debida diligencia afecta positivamente la percepción de Costa Rica como destino atractivo para la inversión extranjera en el sector agrícola. Asegura prácticas sostenibles y éticas, promoviendo la inversión en proyectos que contribuyen al desarrollo agrícola sostenible y a la preservación de la biodiversidad.

¿Cuáles son las regulaciones legales que rigen la verificación de antecedentes en el ámbito de servicios financieros en Costa Rica?

En el ámbito de servicios financieros en Costa Rica, la verificación de antecedentes está regulada por leyes específicas. La Ley contra la Usura y su Reglamento establecen disposiciones para la evaluación de la solvencia crediticia de los clientes en instituciones financieras. Estas regulaciones buscan garantizar que la verificación de antecedentes se realice de manera justa y transparente, evitando prácticas abusivas. Además, la privacidad del cliente debe ser protegida y la información recopilada debe ser utilizada exclusivamente con fines relacionados con la prestación de servicios financieros.

¿Cómo abordan los tribunales casos de deudores alimentarios que argumentan dificultades económicas para cumplir con sus obligaciones, y cuál es el equilibrio entre la responsabilidad financiera y la capacidad económica del deudor?

Los tribunales abordan casos de deudores alimentarios que argumentan dificultades económicas considerando factores como la capacidad financiera del deudor. Se busca encontrar un equilibrio entre la responsabilidad financiera y la capacidad económica real del deudor. La jurisprudencia ha establecido criterios para evaluar estas situaciones, garantizando que las decisiones judiciales reflejen la realidad económica del deudor mientras aseguran el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de manera justa y equitativa.

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