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¿Cómo aborda Costa Rica la ética empresarial en relación con la implementación del KYC?
La implementación ética del KYC en Costa Rica implica equilibrio entre la protección de datos y la necesidad de salvaguardar la integridad financiera, asegurando que las prácticas sean éticas y respeten la privacidad del cliente.
¿Cómo el lavado de activos puede afectar la equidad y la justicia social en Costa Rica?
La desviación de recursos debido al lavado de activos puede contribuir a la desigualdad económica y socavar la justicia social al afectar negativamente a los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense.
¿Cómo se clasifican y organizan los expedientes judiciales en Costa Rica?
Los expedientes judiciales en Costa Rica se organizan y clasifican según un sistema de archivo establecido por el Poder Judicial. Cada expediente se identifica con un número único, y se almacena en orden cronológico. Además, los expedientes se dividen en categorías según el tipo de caso (por ejemplo, civil, penal, laboral) para facilitar su gestión y búsqueda. La organización es fundamental para mantener la integridad y la accesibilidad de los expedientes.
¿Cuáles son las desventajas legales que podrían enfrentar las instituciones financieras por no cumplir adecuadamente con el KYC en Costa Rica?
Las desventajas legales incluyen sanciones económicas, pérdida de licencias comerciales y daños a la reputación de las instituciones financieras que no cumplen adecuadamente con el KYC, de acuerdo con la normativa costarricense.
¿Cuáles son los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica?
Los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica incluyen la transparencia, la competencia, la igualdad de oportunidades, la eficiencia, la legalidad y la economía. Estos principios buscan garantizar que los procesos de contratación sean justos y beneficiosos para el interés público.
¿Cómo se determina la responsabilidad penal de un cómplice en casos de delitos de lesa humanidad según la legislación costarricense?
En casos de delitos de lesa humanidad, la legislación costarricense puede imponer sanciones significativas a los cómplices, considerando la gravedad de estos crímenes. La participación en actos que atentan contra la humanidad puede llevar a consecuencias legales severas.
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