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¿Cuáles son las penas por el delito de posesión y tráfico de armas en Costa Rica?
La posesión y tráfico de armas en Costa Rica puede ser castigada con penas de prisión, variando según la gravedad y circunstancias del delito.
¿Cómo se define un "trámite" en la legislación costarricense?
En la legislación costarricense, un "trámite" se define como un procedimiento administrativo o burocrático que debe llevarse a cabo para obtener un permiso, licencia, autorización o realizar cualquier gestión ante una entidad gubernamental. Esto incluye presentar solicitudes, documentación y cumplir con requisitos específicos.
¿Cuál es el proceso para obtener una certificación de antecedentes penales en Costa Rica?
El proceso para obtener una certificación de antecedentes penales en Costa Rica generalmente implica presentar una solicitud ante la Dirección General de la Policía de Control de Drogas. Se requiere proporcionar documentación, como una fotocopia de la cédula de identidad, y pagar la tarifa correspondiente. La solicitud se procesa y, si no hay antecedentes penales registrados, se emite la certificación.
¿Cuál es el marco jurídico que regula el lavado de activos en Costa Rica?
El marco jurídico se compone de la Ley 8204, la cual establece las medidas para prevenir y sancionar el lavado de activos en el país. Además, existen reformas y regulaciones complementarias.
¿Cuál es el impacto social de la adaptación de documentos de identificación para reconocer la diversidad de género en Costa Rica?
La adaptación de documentos de identificación para reconocer la diversidad de género en Costa Rica tiene un impacto social positivo al respetar y visibilizar la identidad de género de cada individuo. Esto contribuye a la inclusión y al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ+, promoviendo una sociedad más equitativa y respetuosa de la diversidad en términos de identidad de género.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Judicial, a través de la jurisdicción penal, son los principales actores encargados de prevenir y combatir el lavado de activos en el país.
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