JOSE RAUL JIMENEZ GOMEZ - Perfil - 302360XXX

Perfil de JOSE RAUL JIMENEZ GOMEZ - 302360XXX

Cédula de Identidad 302360XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el alcance de la jurisdicción costarricense en casos de lavado de activos que involucran transacciones en moneda extranjera o activos ubicados fuera del país?

La jurisdicción costarricense se extiende a casos de lavado de activos que involucran transacciones en moneda extranjera o activos fuera del país en virtud de las leyes y tratados aplicables. Costa Rica coopera con otras jurisdicciones para garantizar la persecución efectiva de estos casos y la confiscación de activos ilícitos, demostrando así su compromiso con la lucha global contra el lavado de activos.

¿Qué autoridades en Costa Rica supervisan y mantienen registros de antecedentes disciplinarios?

En Costa Rica, varias autoridades supervisan y mantienen registros de antecedentes disciplinarios en diferentes campos profesionales. Por ejemplo, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica supervisa a los profesionales de la salud, mientras que el Colegio de Abogados de Costa Rica se encarga de los abogados. Cada entidad reguladora de una profesión o campo específico tiene la responsabilidad de mantener registros y tomar medidas disciplinarias según sea necesario. Además, la Contraloría General de la República puede llevar un registro central de sanciones administrativas y disciplinarias para funcionarios públicos.

¿Cuál es el marco jurídico que regula los contratos de arriendo en Costa Rica, y cuáles son las leyes fundamentales que los inquilinos y propietarios deben tener en cuenta al establecer un acuerdo de alquiler?

El marco jurídico que regula los contratos de arriendo en Costa Rica se basa principalmente en el Código Civil, específicamente en los artículos relacionados con los contratos y las obligaciones. Además, la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece normas específicas para los arrendamientos de vivienda. Ambas legislaciones proporcionan las bases legales que los inquilinos y propietarios deben tener en cuenta al establecer un acuerdo de alquiler, abordando aspectos como la duración del contrato, las responsabilidades de ambas partes y las condiciones para la terminación del arrendamiento.

¿Cómo afectan los antecedentes judiciales en Costa Rica a la empleabilidad de una persona y cuáles son las prácticas laborales comunes relacionadas con la verificación de antecedentes?

Los antecedentes judiciales en Costa Rica pueden influir en la empleabilidad de una persona, especialmente en sectores sensibles a la seguridad. Las prácticas laborales comunes incluyen la verificación de antecedentes durante los procesos de contratación. Sin embargo, la legislación costarricense establece límites a la discriminación basada en antecedentes judiciales, fomentando la consideración individual de cada caso. Las empresas suelen evaluar la relevancia de los antecedentes para el puesto y pueden permitir a los individuos explicar su historial legal. Esta dinámica destaca la importancia de equilibrar la seguridad laboral con los derechos individuales en el contexto del empleo en Costa Rica.

¿Qué medidas se han tomado para fortalecer el cumplimiento normativo en el ámbito ambiental en Costa Rica?

Costa Rica ha establecido leyes ambientales sólidas, como la Ley Orgánica del Ambiente, que buscan garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) supervisa la evaluación de impacto ambiental, contribuyendo al cumplimiento normativo y al desarrollo sostenible en el país.

¿Cuál es el marco legal que protege los derechos de los ciudadanos al realizar trámites en Costa Rica?

Los derechos de los ciudadanos al realizar trámites en Costa Rica están respaldados por la Constitución Política, específicamente en su Artículo 39. Este artículo garantiza el derecho de petición, estableciendo que toda persona tiene el derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades. Además, leyes específicas, como la Ley General de la Administración Pública, proporcionan un marco legal adicional para proteger los derechos y establecer los procedimientos adecuados.

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