JOSEPH ANDREY CERNA LEDEZMA - Perfil - 604500XXX

Perfil de JOSEPH ANDREY CERNA LEDEZMA - 604500XXX

Cédula de Identidad 604500XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuáles son las leyes fundamentales que regulan la obligación de alimentar en Costa Rica y cómo se establece el marco jurídico para proteger los derechos alimentarios?

En Costa Rica, la obligación de alimentar está regulada principalmente por el Código de Familia, específicamente en los artículos 242 al 249. Estos establecen las normas y responsabilidades en cuanto a la pensión alimentaria. Además, se complementa con la Ley de Pensiones Alimentarias, que detalla los procedimientos y mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El marco jurídico busca asegurar la protección de los derechos alimentarios, especialmente de menores y personas vulnerables.

¿Cuál ha sido la evolución de la negociación colectiva en Costa Rica, y cómo ha influido en las demandas laborales y en las condiciones laborales en el país?

La negociación colectiva en Costa Rica ha experimentado una evolución significativa. Desde [año], se han establecido mecanismos para fomentar la negociación entre empleadores y sindicatos. Esto ha influido en la resolución de demandas laborales al permitir acuerdos entre las partes y mejorar las condiciones laborales mediante el diálogo y la negociación.

¿Cuáles son las disposiciones legales en Costa Rica para la revisión y auditoría de contratos públicos, y cómo se aplican sanciones en caso de descubrir irregularidades durante estas revisiones?

Las disposiciones legales en Costa Rica establecen mecanismos para la revisión y auditoría de contratos públicos. La Contraloría General de la República desempeña un papel clave en este proceso, llevando a cabo auditorías para verificar el cumplimiento de normativas y la legalidad de los contratos. En caso de descubrir irregularidades, se pueden imponer sanciones como multas, rescisión de contratos y la apertura de investigaciones penales, asegurando así la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de fondos públicos.

¿Puede un embargo en Costa Rica afectar la vivienda familiar?

La vivienda familiar en Costa Rica puede verse afectada por un embargo, pero existen disposiciones legales que protegen ciertas viviendas de embargo. La ley establece que la vivienda familiar es inembargable en la medida en que se trate de la vivienda donde reside la familia y esté destinada a satisfacer necesidades básicas. Esto significa que, en muchos casos, la vivienda familiar no puede ser objeto de embargo para el cumplimiento de deudas. Sin embargo, existen excepciones y limitaciones legales, y la interpretación exacta de estas disposiciones puede variar según las circunstancias específicas de cada caso.

¿Cuál es la posición legal respecto a la subarrendamiento de propiedades en Costa Rica, y cuáles son las condiciones y restricciones que deben cumplirse para llevar a cabo esta práctica de manera legal?

La legislación costarricense permite el subarrendamiento de propiedades, siempre y cuando exista el consentimiento expreso del arrendador. La figura del subarrendamiento debe estar contemplada en el contrato original, y el arrendatario debe notificar y obtener la autorización escrita del arrendador antes de subarrendar la propiedad. Además, el subarrendatario adquiere los mismos derechos y obligaciones que el arrendatario original. Cumplir con estas condiciones y restricciones es esencial para evitar conflictos legales y garantizar la validez del subarrendamiento.

¿Cuáles son las medidas y sanciones contempladas en la legislación costarricense para prevenir y abordar prácticas de colusión entre contratistas en procesos de licitación pública?

La legislación costarricense contempla medidas específicas para prevenir y abordar prácticas de colusión entre contratistas en procesos de licitación pública. Se establecen restricciones para evitar la colusión y se aplican sanciones en caso de detección, que pueden incluir multas, la descalificación de los participantes y la prohibición de participar en futuras licitaciones. Estas medidas buscan garantizar la competencia justa y transparente en los procesos de contratación.

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