JUAN CARLOS NARANJO ULATE - Perfil - 604810XXX

Perfil de JUAN CARLOS NARANJO ULATE - 604810XXX

Cédula de Identidad 604810XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se coordina la respuesta de Costa Rica ante embargos con otros países o bloques regionales?

La coordinación de la respuesta de Costa Rica ante embargos con otros países o bloques regionales se realiza a través de la diplomacia y la participación en organismos internacionales. Costa Rica busca trabajar en colaboración con otros actores internacionales que compartan sus valores y principios, especialmente en foros multilaterales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. La coordinación a nivel regional, ya sea a través de bloques económicos o acuerdos bilaterales, puede ser fundamental para abordar de manera efectiva los desafíos planteados por los embargos y promover soluciones pacíficas y sostenibles.

¿Cómo ha respondido Costa Rica a la necesidad de equilibrar la verificación en listas de riesgo con la promoción de la responsabilidad social empresarial (RSE)?

Costa Rica ha respondido de manera proactiva a la necesidad de equilibrar la verificación en listas de riesgo con la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se fomenta la colaboración entre el sector privado y las autoridades para desarrollar prácticas que, además de cumplir con las regulaciones, contribuyan al bienestar social y ambiental, fortaleciendo la imagen de las empresas y promoviendo un desarrollo económico sostenible.

¿Cuál es la diferencia entre la propiedad y la posesión en un contrato de venta en Costa Rica?

La propiedad se refiere a la titularidad legal de un bien, mientras que la posesión se refiere al control físico del bien. Un contrato de venta puede transferir la propiedad, pero la posesión puede diferir.

¿Cómo afectan los antecedentes judiciales en Costa Rica a la empleabilidad de una persona y cuáles son las prácticas laborales comunes relacionadas con la verificación de antecedentes?

Los antecedentes judiciales en Costa Rica pueden influir en la empleabilidad de una persona, especialmente en sectores sensibles a la seguridad. Las prácticas laborales comunes incluyen la verificación de antecedentes durante los procesos de contratación. Sin embargo, la legislación costarricense establece límites a la discriminación basada en antecedentes judiciales, fomentando la consideración individual de cada caso. Las empresas suelen evaluar la relevancia de los antecedentes para el puesto y pueden permitir a los individuos explicar su historial legal. Esta dinámica destaca la importancia de equilibrar la seguridad laboral con los derechos individuales en el contexto del empleo en Costa Rica.

¿Cuál es el papel de la Defensoría Pública de Costa Rica en relación con los antecedentes judiciales, y cómo aborda esta institución posibles casos de discriminación o injusticias derivadas de la existencia de antecedentes?

La Defensoría Pública de Costa Rica juega un papel importante en la defensa de los derechos de las personas con antecedentes judiciales. Esta institución aborda posibles casos de discriminación o injusticias derivadas de la existencia de antecedentes, interviniendo en defensa de los afectados. La Defensoría Pública puede presentar recursos legales y realizar gestiones para garantizar que las personas con antecedentes judiciales reciban un trato justo y equitativo. Su participación destaca la importancia de la vigilancia independiente en la protección de los derechos individuales en el contexto de antecedentes judiciales en Costa Rica.

¿Cuáles son los mecanismos legales que regulan la revisión y ajuste del monto del arriendo en Costa Rica, y bajo qué circunstancias puede llevarse a cabo dicho ajuste?

La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece que el arrendador y el arrendatario pueden acordar libremente el monto del arriendo al inicio del contrato. Sin embargo, durante la vigencia del contrato, el arrendador solo puede ajustar el monto del arriendo si existe una cláusula específica en el contrato que lo permita, y debe respetar el límite anual establecido por la ley. Además, es crucial notificar al arrendatario con al menos tres meses de antelación sobre cualquier ajuste propuesto. Estos mecanismos buscan proteger los derechos del arrendatario y garantizar una relación justa entre las partes.

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