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¿Se contempla la complicidad por omisión en la legislación costarricense, y cómo se define?
La legislación costarricense puede contemplar la complicidad por omisión, que implica la participación en un delito al no tomar medidas para prevenirlo. La definición y sanciones pueden variar según el grado de implicación del cómplice por omisión.
¿Cómo influye la debida diligencia en la percepción internacional de Costa Rica en términos de cooperación financiera y transparencia, y qué ventajas ofrece en acuerdos internacionales?
La debida diligencia influye positivamente en la percepción internacional de Costa Rica en términos de cooperación financiera y transparencia. Ofrece ventajas en acuerdos internacionales al demostrar el compromiso del país con prácticas financieras sólidas, fortaleciendo así las relaciones con socios internacionales.
¿Cuál es el proceso de licitación inversa en Costa Rica?
La licitación inversa es un proceso mediante el cual las entidades públicas adquieren bienes y servicios a través de una subasta electrónica en la que los contratistas compiten por ofrecer precios más bajos. Las entidades públicas pueden elegir la oferta más ventajosa en términos de costos.
¿Cómo se promueve la diversidad generacional en los procesos de selección de personal en Costa Rica?
La promoción de la diversidad generacional es relevante en los procesos de selección de personal en Costa Rica para crear entornos de trabajo inclusivos y colaborativos.
¿Cuál es la función de la Inspección General de Trabajo en el contexto de demandas laborales en Costa Rica?
La Inspección General de Trabajo en Costa Rica tiene la función de supervisar el cumplimiento de las leyes laborales por parte de los empleadores. Puede investigar denuncias de violaciones laborales y tomar medidas correctivas. Si un empleado presenta una demanda, la inspección puede proporcionar evidencia o informes que respalden el caso.
¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar los procesos de embargo en Costa Rica?
Los procesos de embargo en Costa Rica son supervisados por el Poder Judicial y, en particular, por los jueces de familia o comisionados de la Corte. Estas autoridades garantizan que el proceso de embargo se lleve a cabo de acuerdo con la ley y que se respeten los derechos de ambas partes, el acreedor y el deudor.
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