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¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Cuál es la contribución de la diáspora costarricense a la economía de Costa Rica a través del proceso migratorio?
La diáspora costarricense contribuye a la economía de Costa Rica a través del proceso migratorio mediante el envío de remesas, inversiones y la transferencia de habilidades. La legislación busca reconocer y facilitar esta contribución, promoviendo políticas que faciliten el acceso de la diáspora a oportunidades de inversión y emprendimiento en el país. Se implementan medidas para fortalecer la relación económica entre la diáspora y Costa Rica, maximizando los beneficios económicos generados por la migración.
¿Cómo el lavado de activos afecta la percepción ética de Costa Rica en la comunidad internacional?
La participación en actividades ilícitas afecta la percepción ética de Costa Rica en la comunidad internacional, generando debates sobre la imagen ética del país y su compromiso con valores globales.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través del comercio electrónico en Costa Rica?
El comercio electrónico en Costa Rica está regulado para prevenir la financiación del terrorismo. Las empresas de comercio electrónico deben aplicar medidas de diligencia debida, identificar a los clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuáles son las leyes que rigen los procedimientos judiciales en Costa Rica?
Los procedimientos judiciales en Costa Rica están regidos principalmente por el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil, que establecen las normas para juicios penales y civiles, respectivamente.
¿Qué bienes pueden ser embargados en Costa Rica?
En general, en Costa Rica se pueden embargar una amplia gama de bienes. Esto incluye bienes muebles, cuentas bancarias, vehículos, propiedades, salarios y otros activos del deudor. Sin embargo, existen ciertas excepciones y límites en cuanto a los bienes que pueden ser embargados.
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