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¿Pueden los costarricenses solicitar asistencia legal gratuita en España para cuestiones migratorias?
Sí, en España existe el derecho a asistencia jurídica gratuita para personas con bajos recursos. Los costarricenses pueden buscar asesoramiento legal gratuito o de bajo costo si cumplen con los requisitos.
¿Existen programas gubernamentales en Costa Rica que fomenten buenas prácticas en la selección de personal?
Programas gubernamentales, como el Sello de Igualdad de Género, fomentan buenas prácticas en la selección de personal en Costa Rica.
¿Cómo se penaliza la violencia contra la comunidad LGBTQ+ en Costa Rica?
Costa Rica ha adoptado medidas para penalizar la violencia contra la comunidad LGBTQ+ mediante la Ley de Penalización de la Violencia contra las Personas por Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género. Esta ley busca prevenir y sancionar los actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de una persona, promoviendo un entorno más inclusivo y respetuoso.
¿Cómo se define el embargo en el marco legal costarricense?
El embargo en Costa Rica se define como la medida cautelar mediante la cual se retiene o limita temporalmente el derecho de disposición sobre determinados bienes de una persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación pecuniaria. Esta medida puede aplicarse tanto a bienes muebles como inmuebles y tiene como objetivo asegurar el pago de deudas o el cumplimiento de otras obligaciones financieras por parte del deudor.
¿Cómo aborda la legislación costarricense la complicidad en delitos relacionados con drogas y narcotráfico?
La legislación costarricense aborda la complicidad en delitos de drogas y narcotráfico imponiendo sanciones específicas. Colaborar en actividades relacionadas con sustancias controladas puede llevar a consecuencias legales severas, y las penas se ajustan según la gravedad del delito.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de activos en Costa Rica?
Costa Rica ha establecido regulaciones que requieren que las empresas demuestren su legitimidad y cumplan con ciertas obligaciones, lo que dificulta el uso de empresas ficticias en el lavado de activos.
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