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¿Cuál es el impacto de la globalización en los requisitos y criterios de selección de personal en empresas costarricenses?
La globalización ha impactado en los requisitos y criterios de selección de personal en empresas costarricenses, enfatizando habilidades internacionales y adaptabilidad.
¿Cómo se relacionan los antecedentes fiscales con la responsabilidad de agentes retenedores en Costa Rica?
Los antecedentes fiscales son relevantes en la responsabilidad de los agentes retenedores en Costa Rica. Estos agentes están obligados a retener y pagar impuestos en nombre de terceros. Tener buenos antecedentes fiscales es importante para cumplir con esta responsabilidad y evitar problemas legales y sanciones.
¿Cuáles son las opciones para costarricenses que deseen trabajar de forma autónoma como autónomos en España?
Los costarricenses pueden establecerse como autónomos en España y solicitar una visa de trabajo por cuenta propia. Deben presentar un plan de negocio sólido y demostrar la viabilidad de su actividad.
¿Cuál es el papel de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) en la supervisión de servicios públicos relacionados con la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La ARESEP en Costa Rica supervisa y regula los servicios públicos, y tiene un papel en la prevención de la financiación del terrorismo. Se asegura de que las empresas de servicios públicos cumplan con las regulaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Puede un deudor alimentario evitar el cumplimiento de la pensión argumentando insolvencia en Costa Rica?
Argumentar insolvencia en Costa Rica no libera al deudor de su obligación de cumplir con la pensión alimentaria. Sin embargo, puede ser un factor considerado por el tribunal al determinar la cantidad de la pensión o establecer un plan de pagos que sea asequible para el deudor.
¿Cuáles son las sanciones típicas para los contratistas sancionados en Costa Rica?
Las sanciones típicas para los contratistas sancionados en Costa Rica pueden incluir multas, la suspensión temporal o permanente de participar en procesos de licitación y contratación pública, la rescisión de contratos, la inadmisibilidad para contratar con entidades públicas y la imposición de sanciones pecuniarias y administrativas. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza del incumplimiento.
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