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¿Qué acciones constituyen el delito de fraude electrónico en Costa Rica?
El fraude electrónico en Costa Rica, como el phishing y estafas en línea, puede ser castigado con penas de prisión y multas significativas.
¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento al final de su término en Costa Rica?
En Costa Rica, el arrendador tiene el derecho de negarse a renovar un contrato de arrendamiento al final de su término si así lo establece el contrato. Sin embargo, si el arrendador decide no renovar, debe notificar al arrendatario con suficiente antelación para que este pueda buscar una nueva vivienda.
¿Qué medidas se aplican a las entidades no lucrativas en Costa Rica en relación con la debida diligencia?
Las entidades no lucrativas en Costa Rica también están sujetas a regulaciones de debida diligencia. Deben realizar la debida diligencia del donante y reportar donaciones significativas. Esto se hace para prevenir que estas organizaciones sean utilizadas para lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la movilidad social y las oportunidades de empleo en Costa Rica?
Las actividades ilícitas pueden limitar las oportunidades de movilidad social y empleo al desviar recursos que podrían haberse invertido en la generación de empleo y el desarrollo de habilidades en la población costarricense.
¿Cuál es la relación entre la implementación del KYC y la preservación de tradiciones culturales y religiosas en comunidades indígenas en Costa Rica?
La implementación del KYC está vinculada a la preservación de tradiciones culturales y religiosas en comunidades indígenas de Costa Rica al asegurar que las transacciones respeten y apoyen estas prácticas de manera legal y ética.
¿Cuáles son los principios fundamentales que rigen el sistema tributario en Costa Rica según la Constitución Política?
La Constitución Política de Costa Rica establece que el sistema tributario debe regirse por los principios de generalidad, proporcionalidad, equidad, no confiscatoriedad y legalidad. Estos principios buscan garantizar que los impuestos sean aplicados de manera justa, sin discriminación, y que la carga fiscal sea distribuida de manera proporcional a la capacidad económica de los contribuyentes.
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