KAROL GARDENIA MARIN SOLANO - Perfil - 504140XXX

Perfil de KAROL GARDENIA MARIN SOLANO - 504140XXX

Cédula de Identidad 504140XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se aborda desde una perspectiva ética el papel de las redes de migrantes costarricenses en España?

Desde una perspectiva ética, el papel de las redes de migrantes costarricenses en España se aborda mediante políticas que fomentan la solidaridad y la colaboración. La legislación reconoce la importancia de estas redes como apoyo emocional y práctico para los migrantes. Se promueve una ética de la cooperación, facilitando la integración de nuevas personas en estas redes y brindando recursos para fortalecer su función de apoyo. Se busca garantizar que estas redes contribuyan positivamente a la comunidad costarricense en España y promuevan una ética de ayuda mutua y bienestar compartido.

¿Cómo se han adaptado las leyes en Costa Rica para abordar la participación de contratistas extranjeros en proyectos nacionales, y cuáles son las disposiciones para sancionar conductas irregulares por parte de estos contratistas?

Las leyes en Costa Rica se han adaptado para regular la participación de contratistas extranjeros en proyectos nacionales. La Ley de Contratación Administrativa establece requisitos específicos y condiciones para la participación de empresas extranjeras. En caso de conductas irregulares, las sanciones aplicables son las mismas que para contratistas nacionales e incluyen multas, rescisión de contratos y la posibilidad de ser declarados inhábiles para futuras contrataciones en el país.

¿Cuáles son las consideraciones éticas en torno al embargo en Costa Rica?

Las consideraciones éticas en torno al embargo en Costa Rica incluyen la necesidad de equidad, respeto a los derechos humanos y protección de los sectores más vulnerables. Se espera que los actores involucrados en el proceso de embargo actúen con integridad y respeto, evitando abusos y asegurando que la medida cautelar se aplique de manera proporcional y justa. La ética profesional en el ejercicio del derecho y la administración de justicia es fundamental para mantener la confianza en el sistema legal costarricense y para garantizar que el embargo se utilice como último recurso en situaciones debidamente justificadas.

¿Cuáles son las obligaciones legales de las entidades financieras en la validación de identidad en Costa Rica?

Las entidades financieras en Costa Rica tienen obligaciones legales en la validación de identidad, particularmente en el contexto de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para verificar la identidad de sus clientes, mantener registros precisos y realizar reportes a las autoridades competentes en casos de transacciones sospechosas. La legislación exige que las instituciones financieras conozcan a sus clientes y aseguren que sus actividades financieras sean transparentes y legales. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero para actividades ilegales.

¿Bajo qué condiciones se pueden realizar verificaciones de antecedentes en el sector público costarricense, y cómo se protegen los derechos individuales en este proceso?

Las verificaciones de antecedentes en el sector público costarricense pueden llevarse a cabo bajo condiciones específicas establecidas por la ley. Es crucial proteger los derechos individuales durante este proceso, asegurando que se realice de manera justa y transparente.

¿Qué es el enfoque basado en riesgos en la debida diligencia en Costa Rica?

El enfoque basado en riesgos es una metodología que se utiliza en la debida diligencia en Costa Rica para evaluar y gestionar los riesgos asociados a clientes, transacciones y relaciones comerciales. Esto implica que las entidades deben priorizar sus recursos y esfuerzos en función de los niveles de riesgo percibidos. Clientes de mayor riesgo, como transacciones internacionales o relaciones con PEP, pueden requerir una diligencia más profunda que otros clientes de menor riesgo. Este enfoque permite una gestión eficiente de los recursos para prevenir el lavado de activos.

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