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¿Cuál es la base jurídica del embargo en Costa Rica?
La base jurídica del embargo en Costa Rica se fundamenta en normativas nacionales como la Ley de Embargo y la regulación aduanera, que establecen las condiciones legales para la implementación de restricciones comerciales.
¿Cuáles son las desventajas legales que podrían enfrentar las instituciones financieras por no cumplir adecuadamente con el KYC en Costa Rica?
Las desventajas legales incluyen sanciones económicas, pérdida de licencias comerciales y daños a la reputación de las instituciones financieras que no cumplen adecuadamente con el KYC, de acuerdo con la normativa costarricense.
¿Qué medidas específicas se toman en Costa Rica para evitar la suplantación de identidad en procesos electorales?
En Costa Rica, se implementan medidas como la verificación biométrica y la comparación de firmas para prevenir la suplantación de identidad en procesos electorales, garantizando la integridad del sistema democrático.
¿Qué derechos tienen los costarricenses en Estados Unidos en términos de protección legal?
Los costarricenses en EE. UU. tienen derechos constitucionales, como el derecho a un abogado y a un juicio justo. También pueden acceder a servicios legales y consulares proporcionados por la Embajada de Costa Rica.
¿Cuál es el papel de los expedientes judiciales en la protección de la libertad de expresión y la libertad de prensa en Costa Rica?
Los expedientes judiciales desempeñan un papel esencial en la protección de la libertad de expresión y de prensa en Costa Rica al documentar casos relacionados con estas libertades fundamentales. Un manejo transparente y justo de estos expedientes garantiza que la justicia respalde la libertad de expresión, creando un entorno en el que los periodistas y ciudadanos se sientan protegidos al ejercer sus derechos.
¿Cuál es el plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica?
El plazo máximo para la resolución de un trámite administrativo en Costa Rica puede variar según el tipo de trámite y la institución responsable. Sin embargo, la Ley General de la Administración Pública establece que, en principio, los trámites deben resolverse en un plazo máximo de 60 días hábiles. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse, pero se debe notificar al solicitante.
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