KENER FONSECA BERMUDEZ - Perfil - 113670XXX

Perfil de KENER FONSECA BERMUDEZ - 113670XXX

Cédula de Identidad 113670XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo incide la evasión fiscal en Costa Rica en la capacidad del gobierno para abordar desafíos medioambientales y promover prácticas sostenibles?

La evasión fiscal en Costa Rica puede limitar la capacidad del gobierno para abordar desafíos medioambientales y promover prácticas sostenibles. Menos ingresos fiscales significan menos recursos para inversiones en iniciativas medioambientales y la implementación de políticas que fomenten la sostenibilidad, afectando la capacidad del país para enfrentar problemas ambientales.

¿Cuáles son las normativas que rigen la eliminación o expurgo de antecedentes judiciales en Costa Rica, y cómo se determina la elegibilidad para la eliminación de esta información?

La eliminación o expurgo de antecedentes judiciales en Costa Rica está regulada por la legislación costarricense. La Ley de Antecedentes Judiciales establece los criterios y procedimientos para la eliminación de la información. La elegibilidad se determina en función del cumplimiento de ciertos requisitos, como el tiempo transcurrido desde la condena y el tipo de delito. Los tribunales revisan las solicitudes de eliminación y toman decisiones basadas en la legislación aplicable. Este proceso busca equilibrar la rehabilitación de individuos con la necesidad de mantener registros relevantes, asegurando que la eliminación de antecedentes judiciales se realice de manera justa y conforme a la ley en Costa Rica.

¿Qué papel desempeña el sector inmobiliario en la prevención del lavado de activos en Costa Rica?

El sector inmobiliario desempeña un papel importante en la prevención del lavado de activos en Costa Rica. Las agencias y profesionales inmobiliarios deben cumplir con las regulaciones AML al realizar transacciones de bienes raíces y deben reportar transacciones sospechosas a la UAF. Esto ayuda a prevenir el uso de propiedades para ocultar fondos ilícitos.

¿Cuáles son los mecanismos legales que regulan la revisión y ajuste del monto del arriendo en Costa Rica, y bajo qué circunstancias puede llevarse a cabo dicho ajuste?

La Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece que el arrendador y el arrendatario pueden acordar libremente el monto del arriendo al inicio del contrato. Sin embargo, durante la vigencia del contrato, el arrendador solo puede ajustar el monto del arriendo si existe una cláusula específica en el contrato que lo permita, y debe respetar el límite anual establecido por la ley. Además, es crucial notificar al arrendatario con al menos tres meses de antelación sobre cualquier ajuste propuesto. Estos mecanismos buscan proteger los derechos del arrendatario y garantizar una relación justa entre las partes.

¿Cómo se promueve la ética en la contratación laboral de los costarricenses en España, evitando situaciones de explotación?

La promoción de la ética en la contratación laboral de los costarricenses en España se logra mediante la implementación de leyes y regulaciones que protejan los derechos laborales. La legislación busca una ética de la justicia, garantizando condiciones laborales justas y previniendo la explotación. Se promueve la transparencia en los contratos laborales y se establecen medidas para abordar cualquier forma de explotación. Se fomenta una ética de la responsabilidad empresarial, asegurando que las empresas respeten los derechos de los trabajadores costarricenses y contribuyan a la creación de un entorno laboral ético en España.

¿Cómo se abordan legalmente los conflictos surgidos durante la ejecución de contratos públicos en Costa Rica, y cuáles son las medidas para resolver disputas y aplicar sanciones en casos de incumplimiento contractual?

Legalmente, los conflictos durante la ejecución de contratos públicos en Costa Rica se abordan mediante mecanismos de resolución de disputas, que pueden incluir la mediación, arbitraje o la vía judicial. En casos de incumplimiento contractual, las sanciones aplicables pueden ir desde multas hasta la rescisión del contrato. Estos mecanismos buscan garantizar una resolución justa y eficiente de conflictos, protegiendo los intereses tanto del contratista como de la entidad pública.

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