KEREN PRISCILLA LOPEZ PARRA - Perfil - 118250XXX

Perfil de KEREN PRISCILLA LOPEZ PARRA - 118250XXX

Cédula de Identidad 118250XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Qué medidas se toman para garantizar la accesibilidad de expedientes judiciales a personas con discapacidades en Costa Rica?

Para garantizar la accesibilidad de expedientes judiciales a personas con discapacidades en Costa Rica, se deben tomar medidas que permitan a estas personas acceder a la información de manera adecuada. Esto puede incluir la disponibilidad de formatos accesibles, como Braille o formatos electrónicos accesibles, y la asistencia de personal capacitado para ayudar a las personas con discapacidades a acceder a la información de expedientes judiciales.

¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a los contratos de arriendo en Costa Rica, y cuáles son las medidas tomadas por el gobierno para mitigar los impactos económicos en arrendadores y arrendatarios?

La pandemia de COVID-19 ha afectado los contratos de arriendo en Costa Rica, generando desafíos económicos para arrendadores y arrendatarios. El gobierno ha implementado medidas como la suspensión temporal de desahucios y la facilitación de acuerdos de pago para aliviar la carga financiera de los afectados. Estas medidas buscan equilibrar la protección de los derechos de los arrendatarios con la necesidad de brindar apoyo a los arrendadores afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.

¿En qué medida la debida diligencia contribuye a la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial en Costa Rica, y cómo se asegura la transparencia y responsabilidad en este aspecto?

La debida diligencia contribuye significativamente a la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial en Costa Rica. Asegura la transparencia y responsabilidad al prevenir la participación en actividades que puedan violar los derechos humanos, fortaleciendo así la ética en las operaciones comerciales y la promoción de derechos fundamentales.

¿Cuál es el proceso de presentación de reportes de transacciones sospechosas (STR) en Costa Rica?

En Costa Rica, las entidades deben presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando detecten actividades inusuales o sospechosas relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. El proceso implica recopilar información detallada sobre la transacción o actividad sospechosa, completar el formulario de STR y enviarlo a la UAF. Este proceso es fundamental para la detección y prevención del lavado de activos en el país.

¿Cuál es el impacto social de casos comunes de incumplimiento de pensiones alimentarias en comunidades costarricenses, y cómo estas situaciones afectan a las familias y a la percepción sobre el cumplimiento de obligaciones familiares?

El impacto social de casos comunes de incumplimiento de pensiones alimentarias en comunidades costarricenses es significativo. Estas situaciones afectan a las familias al generar tensiones económicas y emocionales, especialmente para quienes dependen de las pensiones. Además, contribuyen a una percepción negativa sobre el cumplimiento de obligaciones familiares, generando desconfianza y tensiones sociales. La solución efectiva de estos casos es crucial para preservar la estabilidad y la armonía en las comunidades.

¿Cómo se regulan legalmente las situaciones de desalojo en Costa Rica, y cuáles son los procedimientos y plazos que deben seguirse para llevar a cabo un desalojo de manera justa y conforme a la legislación vigente?

Las situaciones de desalojo en Costa Rica están reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Para llevar a cabo un desalojo, el arrendador debe notificar al arrendatario con al menos tres meses de antelación, detallando las causales específicas que justifican la acción. Es esencial seguir los procedimientos establecidos por la ley, respetando los plazos y garantizando el derecho del arrendatario a presentar sus argumentos ante un juez. La legislación busca equilibrar los derechos de ambas partes y asegurar que los desalojos se realicen de manera justa y conforme a la normativa vigente.

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