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¿Cómo afecta el lavado de activos a la percepción ética de Costa Rica como un destino para inversiones responsables?
La participación en actividades ilícitas puede afectar la percepción ética de Costa Rica como un destino para inversiones responsables, generando cuestionamientos sobre la ética empresarial y la responsabilidad social en el país.
¿Qué información se incluye en una certificación de antecedentes penales en Costa Rica?
Una certificación de antecedentes penales en Costa Rica incluye información sobre si el solicitante tiene o no antecedentes penales registrados en el país. Si no existen antecedentes, el certificado indicará que la persona no tiene registros penales. En caso de antecedentes, se proporcionará información sobre los delitos cometidos y las condenas asociadas.
¿Cuál es el impacto social de la implementación de debida diligencia en procesos financieros en Costa Rica, y cómo contribuye a la confianza de la sociedad en las transacciones económicas?
La implementación de debida diligencia en Costa Rica tiene un impacto social positivo al fortalecer la confianza de la sociedad en las transacciones financieras. Al asegurar la transparencia y legitimidad de los procesos, se promueve la equidad y se disminuyen las percepciones de corrupción.
¿Cómo se aborda la complicidad en casos de lavado de dinero según la legislación costarricense?
La complicidad en casos de lavado de dinero se aborda en la legislación costarricense con medidas específicas. La colaboración en actividades de lavado de dinero puede llevar a sanciones legales y la confiscación de activos ilícitos.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de las partes en un contrato de venta en Costa Rica?
Las partes en un contrato de venta en Costa Rica tienen el derecho a que se cumplan los términos acordados. También deben cumplir con sus obligaciones, como entregar el bien y pagar el precio acordado, a menos que el contrato establezca lo contrario.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
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