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¿Cuándo se implementaron los primeros impuestos en Costa Rica y cuáles fueron sus propósitos iniciales?
Los primeros impuestos en Costa Rica se implementaron en la época colonial. Aunque la recaudación no era sistemática, se gravaban actividades comerciales y propiedades. Posteriormente, en el siglo XIX, se introdujeron impuestos sobre la renta y el patrimonio. Estos gravámenes tenían como propósito financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos.
¿Existe alguna diferencia en la legislación costarricense entre la complicidad en delitos graves y en delitos menores?
Sí, la legislación costarricense puede diferenciar las penas para la complicidad en delitos graves y menores. Esta diferenciación se realiza para ajustar las sanciones a la gravedad de la acción criminal.
¿Qué papel juega el Tribunal Supremo de Elecciones en el proceso de validación de identidad en Costa Rica?
El Tribunal Supremo de Elecciones emite la cédula de identidad, un documento fundamental en la validación de identidad. Además, supervisa y regula procesos electorales, asegurando la integridad del registro electoral.
¿Cómo afecta el lavado de activos a la percepción ética de Costa Rica entre la población local?
La participación en actividades ilícitas puede afectar la percepción ética de Costa Rica entre la población local, generando cuestionamientos sobre la ética nacional y la responsabilidad social en la sociedad costarricense.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de la industria farmacéutica en Costa Rica?
La industria farmacéutica en Costa Rica está sujeta a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a las partes involucradas en la producción y distribución de productos farmacéuticos y se presentan informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cuál es el proceso para la revisión y modificación de contratos públicos en Costa Rica?
Los contratos públicos en Costa Rica pueden ser revisados y modificados en caso de necesidad, pero esto debe hacerse mediante un proceso establecido por la entidad pública. Se deben justificar las modificaciones y seguir procedimientos legales y contractuales para realizar cambios en los términos del contrato.
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