LISETH CAMPOS JIMENEZ - Perfil - 113180XXX

Perfil de LISETH CAMPOS JIMENEZ - 113180XXX

Cédula de Identidad 113180XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Costa Rica en casos de lavado de activos, y cuáles son las medidas preventivas que deben implementar las empresas para evitar sanciones legales?

En Costa Rica, las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente en casos de lavado de activos. Las empresas deben implementar medidas preventivas, como programas de cumplimiento normativo y debida diligencia, para evitar sanciones legales. La cooperación con las autoridades y la adopción de prácticas transparentes son fundamentales para asegurar el cumplimiento legal y prevenir el lavado de activos dentro de las empresas.

¿Cuáles son las obligaciones legales de las instituciones financieras al llevar a cabo verificaciones de antecedentes para sus clientes en Costa Rica?

Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación legal de realizar verificaciones de antecedentes para sus clientes. Esto se hace para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilícitas, resguardando la seguridad de las transacciones.

¿Qué autoridades en Costa Rica supervisan y mantienen registros de antecedentes disciplinarios?

En Costa Rica, varias autoridades supervisan y mantienen registros de antecedentes disciplinarios en diferentes campos profesionales. Por ejemplo, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica supervisa a los profesionales de la salud, mientras que el Colegio de Abogados de Costa Rica se encarga de los abogados. Cada entidad reguladora de una profesión o campo específico tiene la responsabilidad de mantener registros y tomar medidas disciplinarias según sea necesario. Además, la Contraloría General de la República puede llevar un registro central de sanciones administrativas y disciplinarias para funcionarios públicos.

¿Qué medidas de seguridad específicas se aplican en el ámbito jurídico para proteger a testigos y denunciantes relacionados con personas expuestas políticamente en Costa Rica?

En el ámbito jurídico de Costa Rica, se implementan medidas específicas para salvaguardar a testigos y denunciantes vinculados a personas expuestas políticamente. Estas medidas incluyen la preservación de la confidencialidad de la identidad, restricciones en el acceso a información sensible y la posibilidad de brindar testimonios bajo condiciones de protección especial. Además, se establecen protocolos para garantizar la integridad física y emocional de estos individuos, lo que puede involucrar la asignación de escoltas o medidas de resguardo durante su participación en procedimientos judiciales. La estrecha colaboración entre la Policía Judicial, el Ministerio Público y otras autoridades es esencial para la implementación efectiva de estas medidas, contribuyendo no solo a la protección de los informantes, sino también a fomentar la confianza en el sistema judicial costarricense y promoviendo la colaboración ciudadana.

¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de telecomunicaciones en Costa Rica?

En el sector de telecomunicaciones en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de clientes y transacciones que puedan estar relacionados con individuos o entidades sancionadas.

¿Cómo se manejan los casos de desalojo en Costa Rica, cuáles son los procedimientos establecidos por la ley y qué garantías tienen los inquilinos para evitar desalojos injustificados?

Los casos de desalojo en Costa Rica se manejan a través de procedimientos establecidos por la ley, principalmente en la Ley de Desahucio. Esta ley establece condiciones y plazos específicos para desalojar a un inquilino. Los inquilinos tienen garantías legales, como el derecho a ser notificados adecuadamente y a presentar defensas legales en casos de desalojo. La intervención de la Defensoría de los Habitantes también puede proporcionar protección adicional a los inquilinos para evitar desalojos injustificados.

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