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¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Cuál es el impacto de la globalización en los requisitos y criterios de selección de personal en empresas costarricenses?
La globalización ha impactado en los requisitos y criterios de selección de personal en empresas costarricenses, enfatizando habilidades internacionales y adaptabilidad.
¿Cómo se abordan legalmente las verificaciones de antecedentes en el ámbito educativo en Costa Rica y cuáles son las obligaciones para preservar la privacidad estudiantil?
En el ámbito educativo costarricense, la verificación de antecedentes está respaldada por leyes que protegen la privacidad estudiantil. Las obligaciones legales incluyen garantizar la confidencialidad de la información y realizar la verificación de manera ética y legal.
¿Cómo se previene la financiación del terrorismo en el sector de remesas en Costa Rica?
El sector de remesas en Costa Rica está regulado para prevenir la financiación del terrorismo. Las empresas de remesas deben cumplir con requisitos de identificación de clientes y reportar transacciones sospechosas a la UIF.
¿Cuáles son los desafíos específicos de la descentralización política en las regiones de Costa Rica?
La descentralización política en Costa Rica enfrenta desafíos relacionados con la equidad en la distribución de recursos y la capacidad efectiva de los gobiernos locales para abordar las necesidades específicas de sus comunidades. Superar estos desafíos requiere una planificación cuidadosa y el fortalecimiento de las capacidades locales.
¿Qué procedimientos de monitoreo se aplican en Costa Rica para detectar actividades inusuales en el marco de la debida diligencia?
En Costa Rica, se aplican procedimientos de monitoreo para detectar actividades inusuales o sospechosas. Esto incluye la revisión continua de transacciones, patrones de comportamiento y relaciones comerciales. Si se detecta alguna actividad inusual, se debe realizar una investigación adicional y, si es necesario, presentar reportes de transacciones sospechosas (STR). Este monitoreo es clave para la prevención del lavado de activos.
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