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¿Cómo el lavado de activos puede contribuir al aumento de la corrupción en la esfera pública y privada en Costa Rica?
El lavado de activos está vinculado a menudo con actos corruptos. La infiltración de fondos ilícitos en la esfera pública y privada puede fomentar la corrupción, debilitando las instituciones y el tejido social.
¿Cómo se abordan las disparidades étnicas en el sistema de justicia penal en Costa Rica?
Costa Rica está trabajando para abordar las disparidades étnicas en el sistema de justicia penal mediante iniciativas que buscan garantizar un trato equitativo para todas las personas, independientemente de su origen étnico.
¿De qué manera los expedientes judiciales pueden influir en la conciencia cívica y la responsabilidad ciudadana en Costa Rica?
Los expedientes judiciales tienen el potencial de influir positivamente en la conciencia cívica y la responsabilidad ciudadana en Costa Rica al proporcionar información clara sobre el funcionamiento del sistema legal. Una comprensión más profunda de los procesos judiciales puede motivar a los ciudadanos a participar activamente en la defensa de la justicia y a exigir rendición de cuentas.
¿Cómo se aborda la criminalización de la protesta social desde el ámbito judicial en Costa Rica?
La criminalización de la protesta social se aborda desde el ámbito judicial en Costa Rica mediante la protección del derecho a la manifestación pacífica y el diálogo, equilibrando el mantenimiento del orden público con el respeto a la libertad de expresión.
¿Cuáles son los desafíos éticos en la regulación de nuevas tecnologías utilizadas en el lavado de activos en Costa Rica?
Los desafíos éticos incluyen la regulación ética de nuevas tecnologías, como criptomonedas, para prevenir el lavado de activos, generando debates sobre la ética en la adaptación de la legislación a avances tecnológicos.
¿Cuáles son las sanciones previstas en el marco jurídico costarricense para aquellos que amenazan o atacan a personas expuestas políticamente?
El marco jurídico costarricense prevé sanciones para aquellos que amenazan o atacan a personas expuestas políticamente. Estas sanciones, proporcionales a la gravedad de los delitos, sirven como disuasivo y herramienta para la justicia, reafirmando el compromiso del país con la protección legal de sus líderes políticos.
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