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¿Cómo se abordan las operaciones sospechosas de lavado de activos en el sector inmobiliario de Costa Rica?
En el sector inmobiliario de Costa Rica, las operaciones sospechosas de lavado de activos pueden ser reportadas a la UIF. La entidad inmobiliaria debe llevar a cabo una debida diligencia y reportar transacciones que levanten sospechas.
¿Cómo se evalúa el riesgo de un cliente en el proceso KYC en Costa Rica?
El riesgo de un cliente se evalúa en el proceso KYC en Costa Rica mediante la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esta evaluación permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo asociado con el cliente.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través del comercio de metales preciosos en Costa Rica?
El comercio de metales preciosos en Costa Rica está regulado para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de clientes y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas relacionadas con la compra y venta de metales preciosos.
¿Pueden los costarricenses transferir sus pensiones o beneficios de seguridad social a España?
Sí, algunos costarricenses pueden transferir sus pensiones y beneficios de seguridad social a España, dependiendo de los acuerdos bilaterales entre países y los requisitos específicos de cada sistema de seguridad social.
¿Cuál es el plazo máximo para que una entidad costarricense responda a una solicitud de trámite?
Según la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, una entidad costarricense tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para responder a una solicitud de trámite. En casos excepcionales, este plazo puede extenderse por 15 días hábiles adicionales, notificando al solicitante.
¿Cuál es el papel de la justicia en la protección de los derechos humanos en Costa Rica?
La justicia en Costa Rica desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos humanos, asegurando que las leyes y las decisiones judiciales respeten y promuevan los principios fundamentales de dignidad y libertad.
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