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¿Cuál es el proceso para la selección de jurados en Costa Rica?
En Costa Rica, el sistema legal no utiliza jurados en la mayoría de los casos. En lugar de jurados, los jueces profesionales toman decisiones en los tribunales. Sin embargo, existen excepciones, como los juicios por jurado en casos criminales específicos, donde se selecciona un jurado de ciudadanos para tomar decisiones. En tales casos, se sigue un proceso de selección de jurados que implica el sorteo aleatorio de candidatos y un proceso de selección basado en preguntas de las partes y del tribunal. El jurado seleccionado debe ser imparcial y justo en sus deliberaciones.
¿Cómo se aborda legalmente la devolución de productos en contratos de venta de bienes de consumo en Costa Rica?
La devolución de productos en contratos de venta de bienes de consumo en Costa Rica está regulada por la normativa de protección al consumidor. Los consumidores tienen el derecho de devolver productos dentro del plazo establecido por la ley, especialmente cuando se trata de productos defectuosos o que no cumplen con las características prometidas. Los vendedores están obligados a aceptar la devolución y ofrecer soluciones como la reparación, sustitución o devolución del precio. Las condiciones y plazos para la devolución deben estar claramente especificados en el contrato y deben cumplir con las disposiciones legales vigentes.
¿Cómo aborda la legislación costarricense el tema de la jornada laboral, y cuáles son las disposiciones legales para el pago de horas extras y la protección de los derechos de los trabajadores en este aspecto?
La legislación costarricense establece la jornada laboral máxima y regula el pago de horas extras. Según el Código de Trabajo, la jornada regular no debe exceder las ocho horas diarias y las 48 horas semanales. Las horas extras deben ser remuneradas con un porcentaje adicional al salario regular. Estas disposiciones buscan proteger los derechos de los trabajadores al asegurar condiciones laborales justas y evitar la explotación laboral.
¿Cómo se abordan legalmente los conflictos surgidos durante la ejecución de contratos públicos en Costa Rica, y cuáles son las medidas para resolver disputas y aplicar sanciones en casos de incumplimiento contractual?
Legalmente, los conflictos durante la ejecución de contratos públicos en Costa Rica se abordan mediante mecanismos de resolución de disputas, que pueden incluir la mediación, arbitraje o la vía judicial. En casos de incumplimiento contractual, las sanciones aplicables pueden ir desde multas hasta la rescisión del contrato. Estos mecanismos buscan garantizar una resolución justa y eficiente de conflictos, protegiendo los intereses tanto del contratista como de la entidad pública.
¿Cómo se han adaptado las instituciones costarricenses encargadas de antecedentes judiciales a los avances tecnológicos, y de qué manera se han beneficiado estas adaptaciones en términos de eficiencia y seguridad?
Las instituciones costarricenses encargadas de antecedentes judiciales se han adaptado a los avances tecnológicos mediante la implementación de sistemas electrónicos y herramientas digitales. Estas adaptaciones han mejorado significativamente la eficiencia en la gestión de información, permitiendo búsquedas rápidas y acceso remoto. Además, los sistemas tecnológicos han fortalecido la seguridad de la información mediante encriptación, autenticación de usuarios y auditorías electrónicas. La adopción de tecnología ha optimizado los procesos y la seguridad en la administración de antecedentes judiciales en Costa Rica, contribuyendo a una gestión más efectiva y actualizada.
¿Cómo influyen las sanciones a contratistas en la percepción pública sobre la integridad del sistema de contratación en Costa Rica, y cuál es el impacto en la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales?
Las sanciones a contratistas en Costa Rica juegan un papel clave en la percepción pública de la integridad del sistema de contratación. El impacto incluye la mejora de la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales al demostrar que se toman medidas contra prácticas ilícitas. La transparencia en el proceso sancionatorio contribuye a consolidar la percepción de un sistema justo y ético, vital para la confianza ciudadana en la administración pública.
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