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¿Cuál es el impacto económico y social del lavado de activos en Costa Rica?
El lavado de activos puede tener consecuencias negativas, incluyendo la desestabilización económica y el deterioro de la confianza en las instituciones financieras, afectando así el desarrollo económico y la seguridad social.
¿Puede un deudor alimentario solicitar la reducción de una pensión alimentaria si tiene nuevas responsabilidades familiares en Costa Rica?
Sí, un deudor alimentario puede solicitar la reducción de una pensión alimentaria si adquiere nuevas responsabilidades familiares que afecten su capacidad financiera. Debe presentar una solicitud al tribunal y proporcionar pruebas de las nuevas circunstancias para justificar la reducción.
¿Cuáles son los principales elementos del marco jurídico que regula la selección de personal en Costa Rica?
El marco jurídico de la selección de personal en Costa Rica incluye el Código de Trabajo, la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, entre otras normativas específicas.
¿Cuáles son los dilemas éticos en la cooperación entre Costa Rica y otros países para combatir el lavado de activos?
Los dilemas éticos incluyen la equidad en la cooperación internacional y el respeto a los derechos individuales, generando debates sobre la ética en las relaciones internacionales y la lucha contra actividades ilícitas transfronterizas.
¿Cómo se regula en Costa Rica la participación de los deudores de impuestos en programas de regularización fiscal y qué beneficios obtienen al acogerse a estos programas?
La participación de deudores en programas de regularización fiscal en Costa Rica está regulada por la Dirección General de Tributación. Los beneficios pueden incluir reducciones en multas e intereses. Estos programas buscan incentivar a los contribuyentes a ponerse al día con sus obligaciones tributarias de manera voluntaria.
¿Qué derechos tienen los trabajadores en Costa Rica en casos de despidos injustificados?
En Costa Rica, los trabajadores tienen derechos en casos de despidos injustificados. Tienen derecho a un preaviso de 30 días o una indemnización equivalente, según la antigüedad y las circunstancias. Además, si consideran que el despido fue injusto, pueden presentar una demanda laboral para impugnar la terminación y buscar una indemnización adicional.
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