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¿Cuáles son las relaciones y acuerdos internacionales que Costa Rica ha establecido para abordar temas relacionados con el derecho de familia, como la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género?
hasta enero de 2022, Costa Rica ha estado involucrada en varios acuerdos y tratados internacionales para abordar temas relacionados con el derecho de familia, la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género. Es importante tener en cuenta que la información puede haber cambiado después de esa fecha. Algunos de los acuerdos y tratados relevantes incluyen: Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará); La Convención de Belem do Pará tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica; Protocolo Facultativo de la CDN sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio de La Haya de 1980); Tratados bilaterales y regionales: Además de los tratados multilaterales, Costa Rica también puede tener acuerdos bilaterales y regionales con otros países para abordar cuestiones relacionadas con el derecho de familia y la protección de menores.
¿En qué medida la debida diligencia contribuye a la prevención de la evasión fiscal en Costa Rica, y cómo esto afecta la distribución equitativa de recursos y la inversión en servicios públicos?
La debida diligencia contribuye a la prevención de la evasión fiscal en Costa Rica. Asegura la distribución equitativa de recursos al evitar prácticas fiscales ilícitas, garantizando así una inversión adecuada en servicios públicos esenciales y promoviendo el bienestar de la sociedad.
¿Cuál es la función del Juzgado de Pensiones Alimentarias en Costa Rica y cómo contribuye a la resolución de casos de deudores alimentarios incumplidos?
El Juzgado de Pensiones Alimentarias en Costa Rica tiene la función de conocer y resolver casos relacionados con el incumplimiento de pensiones alimentarias. Este juzgado especializado facilita la tramitación ágil de casos, asegurando que las personas con derechos alimentarios reciban el apoyo necesario. Actúa como un medio para hacer cumplir las obligaciones alimentarias, aplicando medidas coercitivas y sanciones en casos de incumplimiento, garantizando así el bienestar de quienes dependen de estas pensiones.
¿Cuál es el proceso de resolución de disputas en contratos públicos con contratistas en Costa Rica?
El proceso de resolución de disputas en contratos públicos con contratistas en Costa Rica puede implicar mediación, arbitraje y, en última instancia, procedimientos judiciales si las partes no llegan a un acuerdo. La elección del método dependerá de las disposiciones contractuales y la naturaleza de la disputa.
¿Cuáles son las disposiciones legales y regulaciones en Costa Rica que abordan las demandas laborales relacionadas con la protección de datos personales de los empleados, y cuáles son las garantías para los trabajadores en este contexto?
Las disposiciones legales y regulaciones en Costa Rica que abordan las demandas laborales relacionadas con la protección de datos personales se encuentran en [leyes específicas, como la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales]. Estas leyes establecen garantías para los trabajadores, asegurando que la recopilación y manejo de sus datos personales cumpla con estándares de privacidad y seguridad. En casos de demandas, los empleados pueden recurrir a la jurisdicción laboral para buscar compensación y protección de sus derechos de privacidad.
¿Cómo se establece el marco jurídico para garantizar la seguridad de las personas expuestas políticamente en Costa Rica?
El marco jurídico en Costa Rica que garantiza la seguridad de personas expuestas políticamente se establece mediante leyes que penalizan amenazas, ataques y actos de violencia dirigidos hacia estas personas. Además, se asignan recursos para la implementación efectiva de medidas de seguridad, lo que demuestra el compromiso del país en proteger la participación política sin temor a represalias.
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