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¿Cómo ha evolucionado históricamente la legislación contra la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La legislación contra la financiación del terrorismo en Costa Rica ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo. La creciente amenaza global del terrorismo ha llevado a modificaciones y actualizaciones en las leyes nacionales para fortalecer los mecanismos de prevención y persecución. La inclusión de disposiciones específicas en la Ley contra la Delincuencia Organizada y la adhesión a convenciones internacionales han marcado hitos importantes en la evolución del marco legal costarricense. La adaptabilidad de la legislación refleja el compromiso continuo del país en abordar las amenazas emergentes relacionadas con la financiación del terrorismo y mantenerse alineado con estándares internacionales.
¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado fiscal en Costa Rica?
Los contribuyentes en Costa Rica pueden solicitar un certificado fiscal para diversos fines, como licitaciones, trámites administrativos y comerciales. El proceso involucra presentar una solicitud ante la DGTD y cumplir con los requisitos establecidos. La DGTD verifica la situación fiscal del contribuyente y emite el certificado cuando se cumplen los requisitos. Los certificados fiscales pueden ser emitidos en línea a través de la plataforma electrónica de la DGTD
¿Cómo se reconcilian los principios de la debida diligencia con las garantías constitucionales en Costa Rica, y cuál es el papel de la jurisprudencia en establecer equilibrios entre la prevención de delitos y la protección de derechos individuales?
Los principios de la debida diligencia se reconcilian con las garantías constitucionales en Costa Rica. La jurisprudencia juega un papel crucial en establecer equilibrios entre la prevención de delitos y la protección de derechos individuales, garantizando que las medidas adoptadas sean proporcionadas y respetuosas de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
¿Cómo se regula la participación de abogados y profesionales legales en transacciones financieras en Costa Rica para prevenir la facilitación involuntaria de lavado de activos, y cuáles son las sanciones previstas por la ley?
La participación de abogados y profesionales legales en transacciones financieras en Costa Rica está regulada para prevenir la facilitación involuntaria de lavado de activos. Las leyes establecen requisitos de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas. Las sanciones por incumplimiento pueden incluir la revocación de licencias y acciones disciplinarias, garantizando así la responsabilidad de los profesionales legales.
¿Cuáles son las relaciones y acuerdos internacionales que Costa Rica ha establecido para abordar temas relacionados con el derecho de familia, como la protección de los menores y la lucha contra la violencia de género?
hasta enero de 2022, Costa Rica ha participado activamente en diversas relaciones y acuerdos internacionales para abordar temas relacionados con el derecho de familia, la protección de menores y la lucha contra la violencia de género. Algunos de los acuerdos y tratados relevantes incluyen: Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), Protocolo Facultativo de la CDN sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio de La Haya de 1980).
¿Qué medidas se aplican a los intermediarios no financieros para cumplir con las regulaciones AML en Costa Rica?
Los intermediarios no financieros, como agentes inmobiliarios y abogados, también están sujetos a regulaciones AML en Costa Rica. Deben realizar la debida diligencia del cliente y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Estos profesionales deben cumplir con las mismas regulaciones que las entidades financieras para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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